Cuba: un problema sistémico

Cuba se encamina hacia el 71º aniversario de un régimen dominado por el comunismo, sin haber experimentado cambios radicales significativos en esas siete décadas. Los resultados obtenidos en ese período llevan a cuestionar si el cubano vive mejor ahora que durante el régimen de Batista, por supuesto, omitiendo la existencia de un cubano especial, aquel que forma parte de la élite política del país. 

Es importante señalar que este estancamiento político y socioeconómico ha dejado a la población cubana enfrentando desafíos persistentes, desde limitaciones en la libertad de expresión y acceso a la información, hasta dificultades en el acceso a bienes básicos y oportunidades de trabajo. Todo esto ha generado, fuera de la isla, todo tipo de debates acerca del futuro de Cuba y sobre la necesidad de cambios que puedan impulsar el progreso y las condiciones de vida para todos los cubanos. 

Para propios y extraños, este penoso escenario es como un déjà vu de una experiencia muy traumática. Ciertamente, Cuba es un régimen fallido y colapsado, con un Estado frágil e instituciones anómalas, en el que solo funcionan las instituciones con funciones represivas: el Ministerio del Interior (MININT) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). El país es administrado por un gobierno controlado por una suerte de oligarquía representada por el súper holding Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA), que es un consorcio militar que controla la economía cubana. Este grupo, además de las industrias militares, controla 83 instalaciones hoteleras con 29.000 habitaciones, en convenios con unas 14 cadenas internacionales; monopoliza la red nacional de tiendas minoristas (TRD Caribe); es propietario de navieras (Melfi Marine Corp y Servinaves Panamá S.A); tiene su propia compañía aérea (Aerogaviota) y es dueño de empresas de construcción, venta y renta de automóviles (Havanautos y Havanatur), inmobiliarias (Almest), bancos, empresas de importaciones y exportaciones (Tecnotex y Tecnoimport), y la empresa Almacenes Universales S.A., que controla el tráfico de contenedores en el Puerto del Mariel con su Zona Especial de Desarrollo. 

Un imperio fantasma que absorbe más del 70% de la economía nacional y más del 80% del sector turístico en Cuba y, sin la obligación de rendir cuentas de sus ingresos. Todo esto no ha hecho más que aumentar la pobreza y disparar la emigración masiva hacia Estados Unidos (EEUU), creando un escenario de mayor vulnerabilidad del régimen cubano desde comienzos de la revolución. 

Desde hace aproximadamente una semana, se han producido manifestaciones en la segunda ciudad más importante de Cuba, Santiago, y en otras aledañas, en las que cientos de ciudadanos mostraron su rechazo a la crisis económica que azota a la isla, agravada por la escasez de energía, combustibles y alimentos. Aunque ha habido otras manifestaciones de descontento en los últimos tiempos, esta es la protesta más multitudinaria que ha tenido lugar desde las del 11 y 12 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a exigir cambios ante la situación del país, que tres años después solo ha empeorado. Aquella movilización acabó con cientos de detenidos. 

Según los especialistas en Cuba, de la Unión Europea, la situación por la que atraviesa la isla en la actualidad es mucho más grave que la vivida en los primeros años de la década de 1990, cuando tras la caída de la URSS, los cubanos vivieron el conocido como el ‘Periodo Especial’.

Durante ese período, los automóviles desaparecieron de las calles y caminos de la isla, las carretas tiradas por bueyes reemplazaron a los tractores en el campo, y los cubanos cultivaron huertas en sus patios traseros y tejados, en ejercicios de austeridad revolucionaria para compensar la repentina escasez de suministros vitales. 

La diferencia es que el período especial era una crisis más económica que política y social, y para salir de ella, el gobierno tuvo que hacer ajustes, como permitir las remesas, la inversión extranjera, el turismo y abrirse, muy limitadamente, al sector privado en aquel entonces.

Todas estas medidas continúan vigentes desde hace 30 años. Mientras el país se desmorona. Sin embargo, también tiene similitudes, como, por ejemplo, al igual que durante el período especial, cuyo desencadenante fue la caída de la Unión Soviética y del bloque comunista, con la cual Cuba perdió la mayor parte de su mercado exterior, así como sustanciosos subsidios, la crisis actual también ha sido alimentada por factores externos. Entre otros, los expertos citan la debacle de la economía de Venezuela, que durante el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en el principal socio comercial de La Habana, la reimposición de sanciones por parte de EE.UU. durante la administración de Donald Trump, la pandemia de COVID-19 e incluso la invasión rusa de Ucrania, que ha influido en el aumento del precio de los fertilizantes y los alimentos en el mundo. 

Además, esta crisis saca a relucir un concepto que la revolución cubana creía haber erradicado: la desigualdad social. En la coyuntura actual, aquellos sectores de la sociedad cubana que reciben remesas o están conectados con el incipiente sector privado pueden estar enfrentando la crisis de una manera más llevadera que la gran mayoría de la población.

A pesar de que el gobierno no divulga cifras oficiales al respecto, se sabe que los niveles de desigualdad eran muy altos ya en 2019. Esto significa que un grupo importante de la población está llegando a esta crisis actual, con niveles de vida muy precarios, con carencias significativas en términos de vivienda y acceso a servicios sociales. 

Por lo tanto, están en una situación de desventaja considerable y esta crisis los golpea duramente. Un ejemplo de esto son los pensionados y los asalariados del Estado que dependen de un ingreso fijo en pesos cubanos, no ajustado a la inflación. Estas desigualdades entre diferentes sectores de la isla son una de las razones por las que algunos economistas consideran que la coyuntura actual es más difícil que la vivida en la década de 1990. 

Entre septiembre de 2020 y marzo de 2024, se han registrado más de 7000 protestas ciudadanas, según el Instituto Elcano; un dato importante en los 71 años de un régimen comunista. Esto es una señal que muestra el quiebre de su supremacía ideológica y el cansancio de la población, y ha llevado al régimen que preside Miguel Díaz-Canel a una difícil encrucijada. 

El elevado número de protestas evidencia el rechazo de la población a las medidas del gobierno, como la implementación de una dolarización cosmética de la economía mediante las tiendas en moneda libre convertible (MLC), la Tarea de Ordenamiento Monetario, que disparó los precios en el mercado y la inflación, y el mercado cambiario que, a pesar de los intentos de controlar el canje de divisas, ha fortalecido el mercado negro. Sin embargo, todos los analistas han fallado al intentar realizar un análisis sobre Cuba.

Nadie ha abordado el problema central de Cuba: la necesidad de un cambio en el modelo político, ya que el actual no puede proporcionar respuestas claras e inmediatas a ninguna de las crisis apremiantes, ya sean actuales o futuras. Pero cuidado, no se trata de un cambio de política económica, sino de un cambio de sistema político que, además, fue exportado a Venezuela y Nicaragua. Siendo que el caso de Venezuela es una demostración patente de que ese sistema solo genera pobreza, desigualdad, persecución política y fuga de recursos humanos capacitados, los cuales son necesarios en el país. 

Como mencioné en mi escrito anterior: “Un ejemplo patético de esto es Venezuela, que fue uno de los países más ricos del mundo, pero en los últimos 25 años, la llamada revolución bonita, la transformó en el segundo país más pobre de la región, solo superado por Haití”. 

Es importante agregar que, desde 1999 hasta marzo de 2024, tanto Chávez como Maduro prometieron convertir a Venezuela en un país desarrollado, y el salario mensual promedio es de apenas 3.70 dólares. Pero hay otras observaciones más graves; el cambio de un sistema político en un país que ha estado siendo destruido durante 71 años no es fácil llevarlo a cabo. Requerirá no sólo sensibilidad al cambio por parte de la sociedad, sino también una mayor resistencia, ya que la sociedad tendrá que esperar al menos otros 30 años para empezar a experimentar los beneficios del nuevo sistema. 

Es el mismo caso de Venezuela, que lleva 25 años de destrucción lenta pero continua, y su recuperación llevará mucho tiempo, mientras que la sociedad necesita soluciones para el día a día. 

Para concluir con el caso de Cuba, la política de “continuidad” de Miguel Díaz-Canel ha resultado ser peor que las etapas anteriores. 

Cuba tiene todos los rasgos de un Estado fallido, excepto que aún mantiene el control del territorio nacional. Sin embargo, se ha desentendido de sus principales obligaciones estatales, como garantizar los servicios públicos esenciales, como la alimentación, la salud, el transporte y el suministro de energía eléctrica, entre otros. 

De este modo, más del 80% de la población vive en condiciones de pobreza. El sistema comunista de gobierno ha permitido que una oligarquía (el grupo GAESA) se convierta en el centro del poder, controlando el 70% de los sectores estratégicos de la economía y el 95% de las finanzas, ignorando las necesidades económicas y sociales de la población. En resumen, el problema radica en el sistema político vigente y no en un mero problema técnico-económico.

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