Antes de abordar el tema de la nueva Ley Minera aprobada por el senado el 2 de mayo, debemos hacer algunas consideraciones. Las riquezas del subsuelo, según el artículo 27 de la Constitución, pertenecen a la nación, este es un principio inamovible, el pueblo de México, a través del Estado, es el dueño. Además, dicho artículo marca que: La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Remarca: Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, minerales, depósitos minerales de los que se extraigan metales y metaloides, todo corresponde a la nación.
Además, el artículo 28 dice que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público. Deja claro que las concesiones, ojo, son por “interés general” y para asegurar la “utilización social de los bienes”, el “interés público”. Las concesiones mineras de las últimas décadas son inconstitucionales, por lo tanto, ilegales.
México es uno de los 10 principales países mineros del mundo. La minería es una actividad estratégica que puede ayudar mucho al desarrollo del país, si se transforma a fondo, cuidando la dignidad del trabajo, el beneficio a las comunidades y el cuidado al medio ambiente. Pero es una actividad criminal cuando se ataca a las comunidades, se explota y se destruye a los trabajadores y a la naturaleza y se saquea a México. Los cinco gobiernos neoliberales: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña causaron daño a la nación, a los trabajadores y a los pueblos, con su política minera.
Durante 30 años las corporaciones se han apoderado de más de la mitad del territorio nacional: 117.6 millones de hectáreas. Actualmente las mineras están explorando y explotando 21.3 millones de hectáreas, equivalente a 10.6 % del territorio nacional. El gobierno actual no ha otorgado más concesiones, pero de hecho, a la fecha, lo más substancial de nuestra riqueza minera ya está entregada a las corporaciones mineras que extraen nuestra riqueza como si fuese de su propiedad.
Tenemos grandes riquezas, México ocupa los primeros 10 lugares en la producción mundial de 17 minerales: primer lugar en plata, segundo en fluorita, quinto en plomo, sexto en zinc, octavo en oro y décimo en cobre, por mencionar algunos. Se explotan en nuestro territorio 30 minerales. Pero atención, hoy en el mundo hay un mineral que adquiere la mayor importancia: el litio. Esas riquezas deben servir para el desarrollo nacional, regional y local, para la creación de empleos, lograr la soberanía industrial y hacer justicia a los pueblos originarios.
Sin embargo, la minería en nuestro país beneficia a las grandes corporaciones, según datos de 2018, el 77% de los proyectos mineros eran de corporaciones canadienses, el 10% estadounidenses, 8% de corporaciones mexicanas y 5% de otros.
De los 1,113 proyectos en exploración en 2018, 68% estaban destinados a buscar minerales preciosos, principalmente oro. Esto supone un problema ambiental, pues en la actualidad el 68% del oro extraído en el país se explota bajo la modalidad a cielo abierto (Pérez-Jiménez 2018).
Esta situación debe corregirse a fondo, la minería se debe nacionalizar y prohibir la propiedad de facto que ejercen las grandes corporaciones extranjeras, de lo que es un bien público.
Estudiemos ahora el tema de las concesiones, que la ley califica como “el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado (materializado en un título) y que confiere a una persona natural, jurídica o al propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y explotación del área o terreno solicitado”.
La nación tiene el derecho de dar concesiones para que el particular realice actividades en áreas en las que el Estado no tiene elementos o no le interesa; aun cuando un particular ayude a explotar algún mineral, la propiedad es de la nación,no se puede ceder ni dejar en manos de los concesionarios los elementos sujetos de la concesión como propiedad. Debido a leyes opacas se apoderan de forma “legal” de las riquezas de la nación, pero atención, la Constitución está por encima de cualquier ley reglamentaria. La propiedad originaria de la nación prevalece por encima de la propiedad precaria de las concesiones.
Las concesiones pudiesen darse a empresas, cuando el Estado no está en capacidad para pagar los gastos de operación de la exploración, operar la explotación, tener un margen de utilidades, pero no para adueñarse de la riqueza del pueblo.
Los recursos mineros deben ser administrados con moderación, eliminando, por ejemplo, la obsolescencia programada de las mercancías que provoca extractivismo. La actividad minera, además de limitada, debe integrarse debidamente al desarrollo local, regional y nacional en el marco de un Plan Económico municipal integral en torno de cada explotación minera y lograr que las utilidades se reinviertan en la economía local, regional y nacional. Lo que tenemos hoy es un verdadero saqueo.
Las corporaciones mineras ni siquiera pagan impuestos. En diciembre de 2022, la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que el sector de la minería en México prácticamente no paga al fisco. Las empresas mineras sólo pagan de impuestos al gobierno federal 0.002 por ciento de sus ingresos, criticó la titular de la Secretaría de Economía (SE), al preguntarle por qué el gobierno federal tiene la política de no otorgar más concesiones mineras para la exploración de tierras. En conferencia de prensa explicó que la cantidad que pagan las compañías mineras es insignificante si se toma en cuenta que los grandes contribuyentes aportan al fisco 2.4 por ciento de sus ingresos, mientras las personas físicas, por medio del impuesto sobre la renta, desembolsan hasta 35 por ciento.
Así la minería tóxica y rapaz se desbocó. En tan sólo 8 años se duplicó la cantidad total de proyectos mineros en México, que pasó de 667 en 2010 a 1531 en 2018. Los proyectos en producción se quintuplicaron pues pasaron de 54 en 2010 a 274 en 2018. La minería en México desde Salinas de Gortari hasta Peña ha sido rapaz.
Y las más favorecidas son las corporaciones extranjeras. Las mineras mexicanas, extraen anualmente 17 mil 300 kilos, es decir 30%. Las mineras estadounidenses, 6 mil 800 kilos, 10%. Las mineras canadienses, 35 mil kilogramos, 60%.
La iniciativa presidencial que pretendía disminuir las concesiones de 100 a 30 años y las concesiones de agua de 50 a 5 años fue modificada por la Cámara de Diputados para dejar las concesiones mineras en 80 años y las de agua en 30 años que se pueden prorrogar 25 años. Así vemos cómo en el actual sistema de partidos, los congresistas sujetos a presiones de las corporaciones, actúan en interés de estas y no por el bien público.
Aun así, hay algunos avances importantes en la nueva ley minera: elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante. Elimina el carácter preferente de la actividad minera. Elimina el derecho de las personas titulares de concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación minera. Establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera. Se establece la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y firmarán convenios con todas las comunidades comprometiendo una mínima compensación por la destrucción de sus tierras. Las mineras tendrán que contar con un Programa de Restauración, Cierre y Post-Cierre, aprobado por la Semarnat, para guiar sus operaciones desde su inicio, y tendrán que contar con vehículos financieros para cubrir posibles daños a comunidades o al medio ambiente.
Pero quedaron mutilados los elementos claves de la iniciativa presidencial, para regular su acceso al agua, además de que, como dije, las concesiones pasaron de 5 años de la iniciativa presidencial a 30 años, y de obligarlas a tener concesiones para el uso de las “aguas de laboreo”, que brotan por la actividad minera que atraviesa mantos acuíferos subterráneos o de las paredes de las minas, los diputados mantuvieron el actual régimen de privilegio en el que estas aguas son aprovechadas sin freno por las corporaciones y hay que tener en cuenta que representan el 300% o más del volumen concesionado. Además cambiaron la obligación de respetar la disponibilidad de agua en el acuífero donde se ubican, a no tener límite alguno para explotarlo. También se eliminó el transitorio que hubiera obligado a iniciar el desmonte de las presas de jales dentro de 365 días de su promulgación y solo lo obliga si “representa un riesgo” pero es sabida la nula capacidad de inspección. De modo que fueron retiradas las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilita frenar el acaparamiento del agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y su contaminación que tan gravemente impacta en las comunidades y pueblos aledaños a una mina.
La nueva Ley Minera, si bien contiene algún pequeño avance, no satisface para nada las exigencias populares y nacionales, para que los derechos colectivos sean plenamente resarcidos por quienes han convertido a México en un botín. La lucha sigue hasta lograr el fin de este tipo de concesiones tramposas de minas y agua.