La guerra entre Andrés Manuel y el Poder Judicial sigue muy viva.
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación está haciendo su trabajo de defender la Constitución Federal como condición indispensable para el equilibrio entre poderes y la vigencia del estado de derecho. Andrés Manuel no, él pretende violar lo establecido en nuestra legislación.
Durante una de sus conferencias matutinas señaló que no se le tiene confianza a La Corte y pidió hacer públicos todos los bienes de los ministros, magistrados y jueces. Expresó que los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio de los servidores públicos.
“Yo creo que se tiene el derecho? ¿No? Todos los ciudadanos, a conocer el patrimonio de los servidores públicos, no tiene por qué ocultarse. Yo les propongo algo, cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí. Cuando hagan algo especial, yo me comprometo a que se transmita aquí”, comentó el presidente.
De igual forma señaló que en su mañanera diaria hay verdadera transparencia, no como la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, al que calificó de “encubridor”. “Aquí hay transparencia, que es importante, pero la verdadera, no la de los encubridores, estos del INAI, que están ahí para servir de tapadera”, señaló.
Obviamente sus irónicos comentarios carecen de veracidad pues si de algo AMLO no puede presumir es justamente de la transparencia en la información durante su gobierno. Y dos referencias actuales, sus obras estratégicas blindadas por Seguridad Nacional, y el caso de su secretario de la defensa nacional, el General Luis Cresencio Sandoval a quien se le adjudica la compra de un departamento en 9 millones de pesos a una proveedora de la Sedena así como los viajes lujosos con su familia. Las explicaciones del General no convencieron a la ciudadanía, pero al presidente sí.
El tema central no es la transparencia sino el ataque sistemático a la Suprema Corte de Justicia como medida de propaganda electoral. Se podría esperar que intencionalmente se presenten iniciativas que violan la Constitución para que sean frenadas por la SCJ y así, calificarla como opositora a su proyecto de transformación.
Este entorno tenso promovido por el presidente, por Morena y otros lacayos públicos pone en riesgo grave la gobernabilidad del país, así como la integridad de los ministros y sus familias pues el ataque está personalizado.
El Wall Street Journal publicó una dura editorial en el que señala que “la Corte ha estado haciendo su trabajo para limitar el poder del Ejecutivo y preservar su independencia. En respuesta, AMLO denigra a la presidenta de la Corte, Norma Piña, como ‘corrupta’ y envía a activistas de Morena para hostigar y amenazar a los jueces”.
El fin de semana pasado hubo una movilización, convocada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y políticos morenistas, en la que se lanzaron insultos contra los ministros además de apoyar la propuesta presidencial para que sean electos por urnas. Los manifestantes utilizaron ataúdes con las imágenes de los ministros y la leyenda “en paz descansen”. Algunas pancartas decían: “Se venden Piñas baratas”, “Corte de Piña podrida”, “Suprime a la corte injusticia de la nación”, “Elección de ministros, sí” o “Norma Piña, así no se interpreta la constitución”.
En su mensaje, Cuitláhuac García señaló: “Nosotros no hemos insultado a la ministra Norma Piña ni a otros 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ella y ellos son los que han ofendido reiteradamente al pueblo de México”
“Ella y ellos, no quieren acabar con una etapa de nefastas políticas impopulares del periodo neoliberal, y rompiendo su imparcialidad, se ponen del lado del grupo conservador del país contraviniendo las decisiones legítimas, democráticas, y sobre todo de justicia, de los otros dos poderes de la nación”, indicó. “Por si fuera poco, ella y ellos también desestiman la legitimidad, así como la constitucionalidad, de las decisiones del Poder Legislativo, que a la par del Ejecutivo, emana del voto libre, directo y universal del pueblo. Ella y ellos se creen encumbrados y por encima del resto. Y por eso nos faltan al respeto. Los agraviados estamos de este lado”, añadió.
Asimismo, enfatizó: “Ministra Norma Piña Hernández, ministro Mario Pardo Rebolledo, ministra Margarita Ríos Fajart, ministro Luis González Carrancá, ministro Alfredo Ortiz Mena, ministro Alberto Pérez Dayán, ministro Javier Laynez Potisek y ministro Luis Aguilar Morales con todo respeto, aquí les decimos, que nosotros, el pueblo, no quiere el imperio supremo del Poder Judicial que quieren imponer al país”.
Y continuó: “Es muy lamentable que su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, aparente tener oídos sordos ante los reclamos de justicia del pueblo y tome resoluciones en contra de sus representantes en el Congreso de la Unión. Es evidente que existe un contubernio para solapar la corrupción al interior del Poder Judicial con el aval o indiferencia de 8 ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal”.
Claramente dejó fuera a Arturo Saldívar, Loretta Ortiz y Yazmin Esquivel, los ministros que han votado a favor de las iniciativas del presidente.
¿Qué dijo el Presidente?: “Lo hizo bien”, en referencia a Cuitláhuac García.
En un comunicado, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, responsabilizó a los jueces de que en el país no pueda acabarse con la inseguridad y con la delincuencia porque los jueces no están haciendo su trabajo. “El dinero es lo que los mueve, gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta”, expresó. Por ello, justificó la conveniencia de la consulta popular para la elección de los ministros.
Ciertamente el Sistema Judicial de México no es digno de reconocimiento. Hay muchas deficiencias en la aplicación de la ley, hay mucha corrupción. La ciudadanía casi nunca accede a un tribunal federal, ni mucho menos litiga sus asuntos ante la Suprema Corte, para esto sólo existen las instituciones locales como las fiscalías, juzgados y defensorías para hacer valer sus derechos. El acceso a la justicia federal sólo es para quien tiene posibilidades de pagar un juicio de tres instancias, lo cual es inaccesible para la mayoría.
Sin embargo, esta realidad corrupta aplica en todo el sistema político mexicano y este sexenio no ha sido la excepción.
Además, no olvidemos que la SCJ es nuestra única institución que puede poner límites y freno al presidente a quien no le importa violar la ley. No hay otro árbitro que pueda decidir entre esta y el presidente.
Queda claro que el presidente no va a parar su campaña contra la Suprema Corte como estrategia para las elecciones del 2024. Los mensajes descalificadores de la SCJ y sus ministros continuarán.
Es esperanzadora la declaración del ministro Alberto Pérez Dayán al señalar que “estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, en ese sentido nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.
No obstante, siguen siendo muy preocupantes las arbitrariedades del Ejecutivo de la Nación.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com