Es muy lamentable la inmadurez emocional que demostramos como sociedad. Las expresiones de odio, violencia y discriminación siguen en aumento y aún más, despiertan la creatividad para utilizar los medios más crueles para perpetrar la agresión. Seguimos sin poder auto controlarnos y sin respetar la diferencia que, por principio, es natural entre las personas. De igual forma, las autoridades tampoco hacen lo suyo, predomina la indiferencia e impunidad.
El reciente crimen de la activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez, en Zapopan, Jalisco, rociada con alcohol y quemada, podría ser considerado como un crimen de odio por razón de la discapacidad de su hijo de 11 años con trastorno autista. Ella ya había sobrevivido a un ataque con cloro semanas antes de su muerte y ya había denunciado ante las autoridades que su vecino la amenazaba constantemente por las crisis que vivía su hijo y que trascendían al edificio en el que vivían.
“Te vas a morir machorra”, “Te voy a quemar viva” fueron algunas consignas sobre las paredes de su departamento. Solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida a fin de recibir protección. Sin embargo, se lo negaron al considerar que las amenazas que recibía no eran causa suficiente.
Pareciera que las expresiones aberrantes de la antigüedad como la caza de brujas o la quema en la hoguera siguen vigentes con nombres y circunstancias distintas.
Los crímenes de odio son delitos por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad, orientación sexual, género o discapacidad.
El artículo 7o. de la Declaración de los Derechos Humanos señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección contra toda discriminación.
En México, el artículo 1o. constitucional prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así mismo, el artículo 149 define todos los aspectos que son susceptibles de discriminación y las sanciones merecedoras.
Sin embargo, poco nos sirve que en la legislación se reconozcan. Sigue predominando la nula protección, la ineficiencia judicial y la revictimización ante protocolos deficientes.
Al igual que Luz Raquel está Margarita quien falleció después de 28 días de agonía al ser rociada con gasolina por sus familiares para despojarla de una propiedad. También había denunciado los hechos.
Y Catalina, quien tiene un hijo con discapacidad y ha sido amenazada por las molestias que este genera; cuando fue a presentar la denuncia la agente del Ministerio Público le dijo que se dejara de chismes pues no la habían matado.
También está Liliana Torres quemada en Nuevo León después de ser secuestrada, violada y golpeada. Sigue con vida y los delincuentes libres. Y María Elena Ríos, saxofonista de Oaxaca, Esmeralda Millán y Ana Helena Saldaña, que han sido rociadas con ácido.
Según datos de la Secretaría de Salud federal, de enero a junio del 2022 al menos 47 mujeres han sido quemadas de manera intencional en México. En 2021 hubo 96 ataques a mujeres con fuego, vapor o sustancias calientes.
Son crímenes de odio que además de atentar contra la víctima, pretenden dar una lección a la comunidad. Su objetivo es provocar y exhibir el sufrimiento; y si la víctima queda con vida, dejarla marcada para siempre, para que no olvide ni al agresor ni a los hechos que la hicieron merecedora del brutal agravio.
Lo lamentable de todo esto es que después de las protestas ciudadanas y alta cobertura mediática los casos se van extinguiendo y contribuyen a normalizar la negligencia, la impunidad, la injusticia y desde luego la violencia de género rodeada de corruptelas y complicidades.
¿Qué tiene que pasar para que las autoridades reaccionen?