La búsqueda de desarrollo en América Latina ha sido y sigue siendo un proceso constante con la finalidad de alcanzar calidad de vida y bienestar para la población en materia de seguridad, salud, educación, entre otros, para lo cual se cuenta con el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre los países de la región, que en su gran mayoría son considerados países de ingreso medio, se encuentran también algunos como es el caso de Chile, Uruguay y Costa Rica que en base a la medición de sus niveles de ingreso han sido considerados países de ingreso medio-alto, por lo que ya no cuentan con el apoyo de la cooperación internacional ni de la asistencia oficial para el desarrollo, como sí lo mantienen la mayoría de los países de la región considerados de ingresos medio. Sin embargo y pese al nivel alcanzado, los referidos países presentan cierta vulnerabilidad en el desarrollo alcanzado lo que ha despertado preocupación e interés por identificar el entrampamiento existente que impide la consolidación de desarrollo sostenido a largo plazo de tales países. Para evitar ello se plantea mediciones de desarrollo basados no solo en el incremento de ingresos de la población, sino también que se tenga en cuenta el cierre de brechas estructurales que aún persisten y que han generado trabas en el proceso de desarrollo. Por ello y para el logro de un proceso de desarrollo sostenible de los países de la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una reorientación de la cooperación internacional a fin de superar la visión de la cooperación centrada en la pobreza y el crecimiento económico, y avanzar hacia una cooperación internacional más amplia cuyo objetivo sea facilitar la transición de todos los países hacia modelos de desarrollo más sostenible.
La referida Comisión considera que el enfoque de brechas estructurales es una alternativa a la medición por niveles de ingreso actualmente existentes, es decir, que la medición para determinar el nivel de desarrollo de los países debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las distintas dimensiones del desarrollo como económica, social, ambiental, institucional, financiera, entre otros. Además de considerar que la evaluación en tales dimensiones debe realizarse de forma independiente a cada uno de los países de la región, toda vez que un resultado óptimo en las citadas dimensiones dependerá de las medidas adoptadas por cada uno de los Estados en la implementación de sus políticas públicas orientadas al desarrollo.
Para ese desarrollo de las dimensiones antes señaladas, los países de la región requieren superar el estancamiento y baja productividad que reportan los organismos internacionales con relación a América Latina (menor crecimiento en siete décadas, y crecimiento volátil a largo plazo sin ganancias de productividad), sociedades frágiles (una nueva clase media vulnerable, sistemas de salud fragmentados), debilidad institucional, asimetrías en materia ambiental, sumado el impacto de la pandemia que agrava los problemas de desarrollo.
En consecuencia, el tránsito hacia el desarrollo de los países de América Latina busca que dicho desarrollo sea sostenible para lo cual se plantea encontrar una nueva forma de medición del nivel de desarrollo actualmente existente por una medición de las distintas dimensiones del desarrollo con la finalidad de reorientar la cooperación internacional hacia el cierre de brechas existentes en aquellas, buscando con ello la consolidación de los proceso de desarrollo en la región que, sin lugar a dudas, no solo dependerá del desempeño de la cooperación internacional sino también de las acciones articuladas que puedan adoptar los Estados a través de sus políticas públicas.