Los países de América Latina se encuentran en constante lucha para alcanzar el desarrollo integral en beneficio de la sociedad de hoy y de las futuras generaciones. No obstante, el logro de dicho objetivo representa un gran desafío en la región debido a diversos obstáculos que los países deben enfrentar para superarlos, siendo el mayor de ellos la lucha contra la corrupción. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, presentado por Americas Society/Council of the Americas, señala que, de los 15 países analizados solo tres alcanzaron puntuaciones altas: Uruguay (7.80 sobre 10), Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16), Brasil (5.07), Colombia (4.81), Ecuador (4.77), Panamá (4.55), República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43), Venezuela (1.40). Hacer frente a este problema implica para los Estados la adopción de políticas y marcos regulatorios efectivos, y que sean concordantes con los instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra la corrupción, los mismos que han sido creados en salvaguarda del derecho al desarrollo de la población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018) considera a la corrupción como un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integridad, así como al derecho al desarrollo dado que con ello se debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, se fomenta la impunidad, se socava el Estado de Derecho y se exacerba la desigualdad. Asimismo, señala que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado. Es así que para la eliminación y prevención de la corrupción existen diversos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales se han comprometido los países de la región, como por ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1997, el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 1999, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, entre otros.
Si bien inicialmente se adoptaron instrumentos internacionales orientados hacia la búsqueda del desarrollo de los países con la finalidad de luchar contra los desequilibrios económicos y sociales, los mismos no establecían prohibición expresa alguna sobre actos de corrupción, como si se ha venido estableciendo en los últimos años por ejemplo en los tratados bilaterales de inversión, y los tratados de libre comercio, en los que se regula la lucha contra ese mal. No obstante, América Latina sigue sufriendo de altos niveles de corrupción que reflejan una gran crisis de transparencia y poca efectividad de las políticas adoptadas sobre el particular. A nivel internacional los casos de corrupción presentados en la región y vinculados a la inversión extranjera, por ejemplo, han sido vistos por Tribunales Arbitrales extranjeros, en los cuales se ha considerado que la corrupción es una conducta contraria y violatoria de las políticas públicas internacionales.
En ese sentido, y a fin de que la corrupción, que representa el mayor obstáculo para el desarrollo pueda ser erradicada requiere que la toma de decisiones en torno a ella pueda ser más intensa y efectiva, tanto en la implementación de políticas y marcos regulatorios que concuerden con los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción y la prevención de la misma, cuanto en la intensificación del seguimiento y control de los resultados de las medidas adoptadas. Si bien el compromiso de lucha contra la corrupción debe ser tarea de todos, es tarea principal de quienes ostentan el poder el encaminar a sus países hacia el desarrollo.