El Congreso analizará el informe realizado por un panel independiente que concluyó que Cyril Ramaphosa pudo haber violado las leyes anticorrupción.
Un panel independiente designado por el Parlamento de Sudáfrica halló pruebas de que el presidente Cyril Ramaphosa pudo violar las leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte), según un informe publicado este miércoles. El panel de tres miembros, liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo, fue nombrado en agosto pasado por la presidenta de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), Nosiviwe Mapisa-Nqakula, para analizar la moción interpuesta contra Ramaphosa por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM) en junio de este año.
El ATM pedía una investigación parlamentaria sobre la destitución del jefe del Estado en relación con el citado escándalo. Tras el informe de este miércoles, el Parlamento examinará el reporte y decidirá si sigue adelante con el procedimiento de destitución la próxima semana, sólo unos días antes de que Ramaphosa se enfrente a unas elecciones internas cruciales en el partido.
El ATM acusa a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.
El panel, que entregó hoy su informe a Mapisa-Nqakula, señaló que, “a la luz de toda la información presentada”, esta información revela “prima facie” (“a primera vista”) que el presidente pudo haber cometido una “violación grave” de varias leyes anticorrupción. Ramaphosa también pudo haber incurrido en “mala conducta grave” al actuar de una manera “incompatible con su cargo” y exponerse a una situación que implicaba un “conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados”.
El artículo 89 de la Constitución permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo. “Niego categóricamente que haya violado este juramento de alguna manera, y de igual manera niego que sea culpable de cualquiera de las acusaciones en mi contra”, respondió Ramaphosa en un comunicado emitido por la Presidencia sudafricana.