La Duma, cámara de diputados de Rusia, ha aprobado una ley que castiga con hasta cinco años de cárcel a quienes cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI), tras la orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
La ley perseguirá a aquellos que cooperen con organizaciones internacionales y órganos estatales extranjeros cuyas decisiones se contradigan con la legislación nacional, lo que se enmarca en la controvertida reforma constitucional de 2020 que colocó las leyes rusas por encima de las internacionales.
Además de la pena de prisión, las personas podrían recibir una multa de hasta un millón de rublos.
La CPI considera a Putin y a la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, “presuntos responsables” de la deportación ilegal de niños ucranianos. Putin ya no podrá viajar al extranjero con libertad ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del CPI, y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.
Es la primera vez que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.