El responsable de los asuntos financieros de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero Alves, será reemplazado por el laico Maximino Caballero Ledo.
El prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano, el español Juan Antonio Guerrero Alves, presentó su renuncia por “motivos personales”. La decisión tiene efecto inmediato, por lo que entrará en vigencia este mismo jueves 1 de diciembre. “El Santo Padre ha aceptado la renuncia al cargo de prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede presentada por el padre Juan Antonio Guerrero Alves por motivos personales”, anunció la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado difundido este miércoles. “El Santo Padre le asegura sus oraciones”, concluye el mensaje.
Por su parte, Guerrero Alves comunicó su renuncia a sus colaboradores por medio de una carta, según explicó el medio oficial Vatican News. El encargado de las finanzas de la Santa Sede será reemplazado por el laico Maximino Caballero Ledo, también español, quien se desempeñaba como secretario del organismo. El papa Francisco agradeció al funcionario saliente por su exitosa labor al haber “logrado enderezar la economía” del Vaticano gracias a “un trabajo duro y exigente que ha dado muchos frutos”.
Durante sus años como ministro de la Economía vaticana, Guerrero Alves fue un gran promotor de la transparencia e impulsó la publicación detallada de todos los Presupuestos de la administración de la Santa Sede. También, puso en marcha un plan de ajuste a fin de reducir las pérdidas que se habían dado en los años anteriores. Guerrero estuvo al frente de esta cartera desde el 14 de noviembre de 2019, cuando fue designado por el Papa para ocupar ese rol, una conjunción creada por él para englobar todas las instituciones económicas de la Santa Sede.
La renuncia se dio a días de que un tribunal de la Corte del Vaticano recibiera una importante pruebaen el marco del juicio por corrupción contra el cardenal Angelo Becciu. Se trata de una llamada telefónica entre el cardenal y el Sumo Pontífice que fue grabada en secreto y en la cual, según fuentes que pudieron acceder a la escucha durante el juicio, las partes hablaban de un pago realizado para conseguir la liberación de una monja colombiana secuestrada en África por un grupo vinculado a Al Qaeda.
