En un cuaderno con tapas de cuero desgastadas Salad Abdi Ali toma apuntes de todas sus reuniones con organizaciones humanitarias que trabajan en el campo de desplazados donde vive, en el suroeste de Somalia, un lugar del que no cree que vaya a salir jamás.
“Como hablo inglés, fui elegido como jefe del campo. Pero es voluntario. Aunque a veces vendo leña, no tengo trabajo”, explica a EFE este antiguo pastor nómada, protegido del tórrido sol en una de las cabañas circulares construidas con ramas y pedazos de telas de colores y lona con el logotipo de alguna ONG.
Ali, de 56 años, vive en el campo de Kaharey, uno de los asentamientos establecidos en los últimos años cerca de la ciudad de Dollow, en la región somalí de Gedo, que acoge a cerca de 14.000 personas, según las Naciones Unidas.
“Donde antes había dos campos en Dollow, ahora hay cinco, creados durante la última sequía. Los números de desplazados internos no paran de crecer”, alerta a EFE Aisha Hummeida, jefa de emergencias en Somalia del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), que proporciona ayuda sobre el terreno.
De hecho, el país alcanzó en febrero de 2023 los 3,8 millones de personas desplazadas, casi un cuarto de su población, y sólo en mayo superó el millón de nuevos desplazamientos ese año.