En septiembre de 2022 la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, desencadenó una ola de protestas en Irán. Mujeres, hombres, e incluso niños y niñas, se movilizaron en diferentes ciudades para condenar el asesinato de la joven iraní-kurda, que había fallecido en manos de la Policía de la Moral tras ser detenido por llevar mal el velo islámico.
Su caso significó un punto de inflexión en el país persa y, después de años de miedo y sometimiento, miles de personas decidieron salir a las calles para reclamar sus derechos y manifestarse en contra del régimen de los ayatolás. Lo que siguió en los meses y años posteriores fue más represión, más restricciones a las libertades, torturas, y hasta penas de muerte.
Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos en la República Islámica de Irán para que investigara de manera exhaustiva e independiente las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las protestas.
Después de arduos meses de trabajo e investigaciones, y a pesar de la falta de cooperación por parte de las autoridades iraníes -tanto en el acceso al país como en el suministro de información tras 20 cartas enviadas hasta la fecha-, la Misión llegó a la conclusión de que “se cometieron violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional”.
“La respuesta a las protestas bajo el lema ‘Mujer, vida, libertad’ estuvo marcada por la represión y la impunidad. Las autoridades denigraron a los manifestantes, utilizaron la violencia física, psicológica y sexual, el acoso judicial y una amplia gama de otros medios para reprimir la disidencia pacífica”, señala el informe elaborado por la Misión de la ONU al que tuvo acceso Infobae y que se presenta este viernes en Ginebra.