Los disturbios en las ciudades de Francia no cesan, pues ya van nueve jornadas de huelga general derivadas del rechazo social a la reforma de las pensiones impuesta por decreto y evitando el voto parlamentario gracias al artículo 49.3 de la Constitución francesa.
Esta maniobra ha desembocado en una crisis política, social y de desgaste para el presidente Emmanuel Macron, quien se encuentra en pleno pulso con la calle y rechaza retirar el decreto “por determinación” según su entorno, o por “empecinamiento” según los ciudadanos.
El primer punto y el más conocido fuera del país es el incremento de la edad legal de jubilación, de los 62 a los 64 años, un aspecto delicado para los trabajadores. Además, la reforma impuesta por Macron exige más años trabajado, en concreto son necesarios al menos 43 años cotizados para llegar a cobrar la pensión plena.
El gran argumento del Ejecutivo de Macron para haber realizado esta reforma es la necesidad de equilibrar en 2030 las cuentas del sistema público de pensiones sin tener que disminuirlas o sin tener que aumentar las cotizaciones o los impuestos.
Asimismo, inciden en que fijar la misma edad de jubilación para las carreras largas y las más cortas es injusto, pues el aumento a la jubilación a los 64 años perjudica a quienes empezaron a trabajar más jóvenes.