Singapur ha recibido críticas por parte de numerosas organizaciones, así como la ONU y la Unión Europea, por sus planes de reanudar las ejecuciones tras dos años de parálisis.
La ejecución de un preso en Singapur prevista para este miércoles, que iba a ser la primera en la ciudad-Estado en los últimos dos años, ha sido pospuesta, mientras activistas alertan sobre una saturación en el patíbulo que puede derivar en ahorcamientos inminentes.
Los abogados han solicitado una última vista sobre el caso del singapurense Rosman bin Abdullah, acusado de traficar 57 gramos de diamorfina (un opiáceo) en 2010 y condenado a muerte por ello.
La madre del preso fue informada la pasada semana por parte de las autoridades penitenciarias de que sería ejecutado este miércoles, si bien finalmente se ha aplazado hasta que tenga lugar la vista en los próximos días, asegura la ONG local Transformative Justice Collective.
El caso de Rosman bin Abdullah es similar al de al menos otros tres presos, cuyas fechas de ejecución -que en Singapur se aplica mediante la horca- han sido recientemente pospuestas.