Se contempla aplicar de seis meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días de multa a quien, utilizando violencia, evite ejercer la actividad periodística o la defensa de derechos humanos.
Con 37 votos el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Protección de Periodistas y de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, donde se propone crear el Instituto para Proteger a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Este instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, operará como un organismo autónomo del estado de Sinaloa con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Se contempla la aplicación de seis meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días de multa a quien, utilizando violencia, evite ejercer la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos, obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos. Incluso, cuando incumpla esta ley un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta en el doble. Desde el 2012, cuando se legisló a nivel federal la protección a periodistas, en el estado no se había hecho nada en materia de protección a los comunicadores.
El dictamen aprobado fue resultado de tres iniciativas que presentó en el 2021 la Asociación de Periodistas y Comunicadores el siete de junio y diversos promoventes. La segunda iniciativa fue presentada por el Partido Sinaloense y la última la presentó el actual coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid, además el grupo parlamentario de Morena hizo suya la iniciativa presentada por los periodistas.
En las iniciativas, hay una coincidencia donde se advierte que en el gremio periodístico priva un sentimiento de desamparo y desconfianza, además de que en los diversos medios de comunicación se carece de medidas de protección para sus trabajadores, por lo que es necesario diseñar protocolos a seguir. El objetivo del dictamen aprobado es proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en el Estado de Sinaloa, así como garantizar el goce de condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo.