La justicia no llega al cumplirse este miércoles seis meses del incendio que mató a 40 migrantes en un centro del Gobierno de México en Ciudad Juárez, donde activistas denuncian que persiste la impunidad pese a que otros países consideran el hecho “un crimen de Estado”.
A medio año del fuego en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), cerca de la frontera con Estados Unidos, todavía hay decenas de zapatos quemados de las víctimas en el suelo.
El lugar donde murieron las cuatro decenas de migrantes y otros 27 resultaron heridos aún permanece lúgubre. Las paredes todavía tienen manos de hollín pintadas, huellas de quienes salieron con vida y las ventanas ahumadas.
Los migrantes estaban “asegurados”, encerrados por el Gobierno federal a unos metros de la frontera con Texas, frente al edificio de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y a unos metros del puente internacional Paso del Norte.
Humanistas señalaron este miércoles a EFE que, aunque el Gobierno autorizó indemnizaciones a las familias de las víctimas por 140 millones de pesos (unos 8 millones de dólares), no se ha hecho justicia.