Un año después del incendio en el que murieron 40 migrantes en un establecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, los deudos y lesionados siguen reclamando justicia y que los funcionarios responsables sean sancionados.
En el lugar del incendio ocurrido a pocos metros del puente internacional Lerdo-Santon, en Ciudad Juárez, aún quedan vestigios del siniestro. Un pequeño pendón con el nombre de una de las víctimas, José Pedro Rivera García y una flor siguen colgando de la malla ciclónica que rodea el centro de detención donde murieron los 40 migrantes.
Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), explicó que hasta ahorita solo se ha indemnizado a algunos familiares de migrantes fallecidos que provenían de Guatemala, pero que no ha sido lo mismo con los de Honduras ni de El Salvador ni los sobrevivientes.
“Es una cantidad unificada para todos los sobrevivientes y eso otra vez nos habla de la falta de trabajo de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, porque debería ser una cantidad diferenciada dependiendo de si la persona tenía 5 hijos, si se hacía cargo de su mamá. Es decir, no se revisaron las condiciones caso a caso”, señala.
Dijo que la mayoría de los 27 lesionados en el incendio ya están en Estados Unidos, pues ingresaron a través de un permiso humanitario, aunque hay algunos que decidieron retornar a sus países de origen. Además cuestionó la falta de justicia en el caso.
“De entrada que (Francisco) Garduño no tendría que seguir al frente del INM”, indicó.
Afirmó que la acusación contra el funcionario debe incluir los daños de por vida a los sobrevivientes y la pérdida de padres e hijos de 40 familias de Centro y Sudamérica y eso tiene otras implicaciones legales.