El hombre era asistente técnico pedagógico en un centro preescolar público; desde 2018 había 39 denuncias sobre presuntos delitos de abuso.
Un juez federal sentenció a 494 años y nueve meses de prisión a Ramón Morales Jacobo, quien fue encontrado penalmente responsable de los delitos de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa, contra al menos 17 menores edad. También, se le impuso una multa por 3 millones 22 mil 500 pesos, y el pago de la reparación del daño por 24 millones 650 mil pesos, misma que deberá cubrir de manera subsidiaria la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Además, se dictaron medidas de reparación integral para las víctimas, consistentes en apoyos para adquisición de vivienda, becas educativas y apoyo para incorporación al ámbito laboral para las víctimas indirectas; un evento de disculpa pública por parte de las autoridades educativas, quienes deberán también, destinar un día del ciclo escolar para la prevención de este tipo de conductas, así como desarrollar programas de prevención.
Ramón Morales laboraba en un centro preescolar público que se localiza en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde era asistente técnico pedagógico. De acuerdo con la investigación de Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Fiscalía General de la República (FGR), aprovechándose de la superioridad que le confería el cargo, Ramón ejecutó diversos actos sexuales contra por lo menos 17 menores de edad.
Una denuncia originó la investigación que llevó el Ministerio Público de la Federación, misma que dio como resultado el ejercicio de la acción penal el 17 de noviembre de 2018. Durante el proceso, la Fevimtra logró acreditar la plena responsabilidad del acusado en los delitos antes mencionados, cometidos mientras prestaba sus servicios como asistente técnico pedagógico. El juez federal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur dictó la sentencia, así como la multa; también, las medidas de reparación integral para las víctimas.