El hecho de que el caso de Celia Ramos, muerta en 1997 después de haber sido esterilizada forzosamente, haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha despertado la esperanza de encontrar justicia en sus hijas y miles de mujeres que sufrieron esas intervenciones durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori en Perú.
“Me siento contenta porque, después de tantos años, por fin internacionalmente se reconoce de alguna manera la responsabilidad que tiene el Estado peruano de reconocer la verdad de los hechos, no solo del caso de mi mamá, sino todo lo que sucedió alrededor de ese programa”, declaró Marisiela Monzón Ramos, hija de la víctima, en una rueda de prensa.
Agregó que este juicio “marca un paso significativo en el proceso de esclarecimiento y reparación en favor de Celia Ramos, su familia y todas las mujeres que sufrieron debido a una política estatal cruel y sistemática”, afirmaron en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Demus, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Celia Ramos murió en 1997, 19 días después de haber sido sometida a una operación de ligadura de trompas, cirugía que se complicó y acabó con su vida.
Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechuahablantes, pobres y campesinas.
Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de Fujimori, entre los responsables a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.