Juan José no se atrevía a acercarse a su compañero de celda en el Penal de Izalco de El Salvador. Los gritos del otro recluso le daban pánico. Y lo peor, cuenta, es que los alaridos no pararon por días: el hombre se quejaba del dolor en el estómago y el abdomen bajo que le acompañaba desde que un grupo de custodios carcelarios la sacaron de la celda para darle una paliza que duro por lo menos una hora.
“Pedíamos que lo fueran a sacar para que lo atendieran, pero un custodio nos decía que lo iban a sacar cuando se muriera, que esa era la única en que las personas saldríamos de ahí, muertas”, cuenta.
Juan José (el nombre del protagonista de esta historia se ha cambiado por seguridad y para no entorpecer procesos judiciales pendientes) es un agricultor salvadoreño, un campesino. Él y su familia viven en las montañas del noroeste salvadoreño, cerca de una reserva natural.
El 23 de mayo de 2022, como todos los días, Juan José y cinco de sus familiares, incluidos su padre y su abuelo de 67 años, se levantaron a las cinco de la mañana para emprender la caminata cerro arriba hacia la finca en la que trabajan.
A eso de las 5:30 a.m. los interceptó una patrulla de policías que, sin decirles demasiado, los capturó. Lo único que les gritaron es que se iban presos porque ellos, los campesinos, eran miembros de una pandilla. Juan José protestó, pidió por su abuelo. Nada. Todos presos, incluida una cuñada que iba con ellos.
Los llevaron al Penal de Izalco, una de las cárceles del sistema penitenciario salvadoreño, de las más utilizadas por el gobierno de Nayib Bukele para meter ahí a personas capturadas durante el régimen de excepción que su gobierno decretó en marzo de 2022, luego de que un pacto que él tenía con las pandillas Barrio 18 y MS13 se rompió.
De acuerdo con el conteo de muertes hecho por el Socorro Jurídico Humanitario – SJH, una persona ha muerto cada cuatro días en las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción, lo que dista mucho de las cifras publicadas por el gobierno. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, también controlado por Bukele y sus funcionarios, solo 73 personas fallecieron en el sistema penitenciario desde marzo de 2022 hasta finales de agosto de este año. Y según Osiris Luna, el jefe de las cárceles salvadoreñas, “todas” esas personas murieron por enfermedades que ya tenían al ser arrestados.
El informe del SHJ, sin embargo, cataloga el 40% de las muertes carcelarias como homicidios y atribuye el 31% a negligencias médicas, como la falta de atención apropiada ante una enfermedad, infecciones, sangrados u otros. Solo dos de las muertes, de acuerdo el reporte, se debieron a enfermedades terminales. Sin presentar datos específicos, el ministro de seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, ha renegado de estas cifras en entrevistas televisivas diciendo que la gran mayoría de las muertes son “por condiciones médicas previas”.
La cifra podría ser mayor de acuerdo con los investigadores del SJH, que en su informe detalla que, según fuentes consultadas en la Fiscalía General de la República y otras instituciones, el número podría llegar incluso a los 500 muertos.
Un funcionario de alto nivel en el gabinete de seguridad de Bukele dijo a Infobae bajo condición de anonimato que la cifra real podría rondar las tres centenas; de acuerdo con esta fuente, el Instituto de Medicina Legal ha realizado cerca de 250 reconocimientos de cadáveres de personas no condenadas en las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción.
Estas muertes, aclara Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, corresponden solo a personas que están en fase de investigación desde que inició el régimen extraordinario. Es una lista diferente a la de 400 muertes de personas ya condenadas, un número que sí reconoce el gobierno.
Escobar asegura que su organización está investigando cuántas de las 188 muertes que ellos han confirmado ocurrieron luego de que jueces salvadoreños dieron cartas de libertad a los reos, quienes, sin embargo, no pudieron salir de inmediato del sistema por órdenes de Osiris Luna, el director carcelario de Nayib Bukele y uno de los funcionarios que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es responsable de actos de corrupción y de gestionar el pacto del gobierno con las pandillas.