El líder de la ultraderecha divulgó esos documentos, pese a su carácter secreto, en agosto pasado, en el marco de una campaña que desató en contra del voto electrónico, que Brasil adoptó en 1996 y que hasta ahora no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude.
La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro incurrió en un delito al divulgar unos informes secretos para desacreditar al sistema electoral del país, pero dejó una posible acusación en manos de la Fiscalía General.
Según un documento remitido este miércoles a la Corte Suprema, que investiga el asunto, la divulgación de esos documentos sobre unos ya desmentidos fraudes en las elecciones de 2018 tuvo como “propósito” la “difusión de información reconocidamente falsa, con repercusión dañosa para la administración pública”.
Esos documentos formaban parte de una investigación de la Policía Federal sobre un ataque informático a los sistemas del Tribunal Superior Electoral ocurrido a mediados de 2018, meses antes de las elecciones de octubre de ese mismo año, ganadas por Bolsonaro y que no fueron afectadas por ese incidente.