Este miércoles 28 de diciembre, la defensa del expresidente Pedro Castillo apelará la prisión preventiva dictada hacia el otrora mandamás peruano.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para este miércoles 28 de diciembre a las 9.00 a. m. la audiencia de apelación contra la prisión preventiva por 18 meses que se le dictó al expresidente Pedro Castillo. Esto, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El exmandatario requiere que se revoque la medida dispuesta por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En cambio, que se le imponga comparecencia con restricciones. El recurso fue interpuesto por el abogado Wilfredo Robles Rivera, quien asume la defensa legal del exjefe de Estado tras las renuncias de Raúl Noblecilla y Ronald Atencio.
¿Cuáles son los argumentos de Pedro Castillo?
En su escrito de apelación, Robles Rivera sostiene que el magistrado Checkley cometió un error al no cerciorarse si el Congreso cumplió con el trámite establecido en el artículo 89 de su reglamento para levantar la prerrogativa de antejuicio político de Castillo Terrones. Esta medida fue levantada el domingo 11 de diciembre a través de un acuerdo del Pleno del Congreso tras recibir un oficio de la Fiscalía de la Nación. La respectiva denuncia constitucional, con el que se da inicio al procedimiento de acusación constitucional, fue planteada por Patricia Benavides al día siguiente, el lunes 12.
“El Congreso hizo sesión el domingo 11 de diciembre a horas 5.00 p. m., oficiando un acuerdo a Benavides Vargas que no es producto de un antejuicio político. El juez de investigación abdicó de su obligación de hacer un control de constitucionalidad para cumplir con una consigna política: ¡todos contra Pedro Castillo!, pisoteando la garantía de un debido proceso y convirtiendo el procedimiento de la prisión preventiva en una pantomima, en un acto de venganza política contra el procesado”, considera Robles Rivera.
En ese sentido, el letrado acusa a la Fiscalía de la Nación de haber “desplegado una actuación inconstitucional e ilegal” al formalizar la investigación preparatoria y solicitar prisión preventiva contra Castillo Terrones. También, alega que el juez supremo Juan Carlos Checkley “se ha sumado” al supuesto acto irregular.