En ese sentido, Humala se ha convertido en el primer exjefe de Estado en ser juzgado por la trama de sobornos de Odebrecht en Perú y enfrenta una pena de 20 años de cárcel por el delito de lavado de activos, mientras que su esposa puede ser sentenciada a 26 años y medio de prisión.
La procuraduría pública (defensa del Estado) de lavado de activos solicitó al expresidente peruano Ollanta Humala y sus coacusados una reparación civil de 20 millones de soles (5 millones de dólares) por los aportes recibidos de Venezuela y la empresa Odebrecht para financiar sus campañas.
Durante la audiencia virtual del juicio oral contra Humala, la representante de la procuraduría pública planteó el pago de la reparación civil solidaria entre los acusados en este caso, entre los que figuran la esposa de Humala, Nadine Heredia, su suegra Antonia Calderón y su cuñado Ilán Heredia, entre otros excolaboradores.
Humala y Heredia, como fundadores del partido Nacionalista Peruano, son acusados de haber pedido aportes no declarados para las campañas electorales de 2006 y 2011 al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y a la constructora brasileña Odebrecht, inmersa en un enorme escándalo de corrupción en la región.