El Gobierno de Perú ha prorrogado por 60 días el estado de emergencia en la región sureña de Puno y ha declarado la misma medida en seis distritos del departamento de Madre de Dios para combatir la minería ilegal.
El objetivo de estas medidas es mantener el orden interno y preservar los derechos constitucionales de la población.
En Puno, las protestas antigubernamentales han sido constantes y han dejado un saldo de 77 personas fallecidas desde diciembre pasado.
En ambos casos, se restringen o suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Durante el estado de emergencia, la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la policía y los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.