En diálogo con la prensa internacional, Dina Boluarte denunció que unos S/5,000 millones se han perdido en producción y daños a la infraestructura por acciones violentas de radicales que tienen una “agenda económica basada en el narcotráfico, minería ilegal y contrabando”.
La presidenta Dina Boluarte eligió su encuentro con la prensa extranjera para hacer un llamado a una “tregua nacional” que permita, dijo, instalar mesas de diálogo con agendas de desarrollo para cada región. Precisó que con ese fin su gobierno ha conversado con las diferentes iglesias para que puedan, eventualmente, actuar como intermediarios. “No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad”, recalcó. La jefa de Estado, sin embargo, no confrontó a los marchantes a identificar a sus representantes. Y es que hasta la fecha, no hay liderazgos visibles ni interlocutores válidos con miras a lograr ese diálogo que tanto se reclama.
Advirtió sí que mientras algunas autoridades ediles ya vienen reuniéndose con algunos ministros, en Apurímac, los violentistas le han dado un ultimátum –que vence hoy– a los burgomaestres para que apoyen las movilizaciones, mientras que “a los gobernadores del sur los tienen chantajeados y amenazados”, acusó sin precisar nombres.
Acompañada de parte de su gabinete, la mandataria lamentó, una vez más, las muertes en el marco de las protestas, pero también expresó su preocupación por las millonarias pérdidas económicas que la convulsión social le viene generando al país. “Tenemos pérdidas aproximadamente de S/2,000 millones en producción y S/3,000 millones en daños a la infraestructura”, indicó.
Esto último, explicó, por el incendio de comisarías, destrucción de oficinas del Ministerio Público y del Poder Judicial, la toma de aeropuertos, etc. Sobre este punto, el titular de Economía, Álex Contreras, refirió que “el costo total de los bloqueos y manifestaciones hasta la fecha asciende a S/2,150 millones”, y agregó que entre el 70% y el 80% de ellas se concentra en las regiones con mayor conflictividad en el sur del país.
“Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tiene como agenda política y económica (sic), y la económica está basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, añadió, por su parte, Boluarte, quien reconoció el derecho de los ciudadanos a la protesta, pero insistió en que esta no puede ir acompañada de “violencia, destrozo, muerte y caos” como ha ocurrido en Cusco, Apurímac, Arequipa y Puno.
Su referencia a esta última región, sin embargo, estuvo acompañada de un desafortunado comentario. Fue al ser consultada por la prensa extranjera sobre los supuestos excesos de la Policía Nacional para reprimir a los manifestantes. Allí, Boluarte remarcó que el accionar de las fuerzas del orden se apega a la ley y la Constitución, con el fin de proteger la vida y tranquilidad de 33 millones de peruanos.
“Puno no es el Perú, (…) el gobierno no está generando violencia y si pedimos tregua es porque queremos llegar con ayuda social”, prosiguió. Horas más tarde, sin embargo, a través de un tuit, ofreció disculpas por la expresión que –dijo– “no responde a discriminación ni soberbia”. “De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”, anotó.
En otro momento, ofreció disculpas porque “quizá” no fue “adecuada” la forma en que la Policía intervino en la Universidad Nacional de San Marcos, pero justificó lo hecho indicando que “no se sabía quiénes habían ingresado (al campus) y no podíamos garantizar qué podía pasar”.