El Gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, ante una “grave conmoción interna” generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que duran diecisiete días.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, declaró que el estado de excepción, que durará treinta días, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas.
Dicho decreto establece como “zonas de seguridad” las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de al Policía en el control interno.
Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos y se exceptúan las protestas pacíficas.
También se restringe la libertad de tránsito, con excepciones, entre las 19:00 y 5:00 hora local en las provincias de Sucumbíos y Orellana; mientras que en la de Azuay la medida se aplicará desde las 21:00 horas.
El decreto, además, señala que los agentes del orden deben observar “el estándar del uso progresivo de la fuerza”, dependiendo del “nivel de agresión o resistencia”.
Además, la norma dispone que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas despeje las vías cerradas por los manifestantes y señala que los gobiernos locales tendrán a su cargo el control de los mercados de víveres.
La promulgación del Estado de excepción de ámbito parcial es el tercero que decreta el presidente Lasso desde el inicio del “paro nacional indefinido” que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las políticas económicas del Gobierno, que tilda de neoliberales.