En el basurero de Puerto Carreño, una pequeña ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, casi un centenar de personas, indígenas en su mayoría, se agolpan alrededor del camión de la basura que llega para buscar entre lo que descarga algo para comer o vender.
Niños muy pequeños, de hasta cuatro o cinco años, juegan entre los desechos o ayudan a sus padres a rebuscar en las bolsas y separar las botellas de plástico, la ropa que está usada y botada y las pocas cosas de valor que luego meten en sus enormes sacos de rafia para cargarlos hasta el centro y venderlos por menos de 10.000 pesos (unos 2,5 dólares).
La mayoría de estos recicladores informales, que ejercen bajo el sofocante sol de los llanos colombianos y los insectos propios de la descomposición, pertenecen a comunidades indígenas, sobre todo amoruas, que viven entre la frontera de Colombia y Venezuela y que desde hace unos años están asentados en esta ciudad, capital departamental de Vichada, donde se dedican a este oficio.
Enrique Echandía lleva cuatro años en esta actividad, tratando de sustentar de esta manera a sus seis hijos: “No es porque queremos estar aquí sino porque no tenemos la situación, no tenemos recursos, no tenemos cómo”, asegura.