Human Rights Watch (HRW) advirtió que la comunidad internacional debe reaccionar para preservar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La organización internacional señala que se basa en una proyección sobre lo que pasa en Nicaragua para hacer esta aseveración.
El investigador de HRW, Juan Pappier, afirmó que en Guatemala hay muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos. Esto se debería que la mayoría de las instituciones están cooptadas y no se cuenta con una independencia judicial.
La acusación viene luego de los casos sobre fiscales y jueces que han tenido que salir del país desde 2018. Son al menos 24 los funcionarios que tras investigar casos de corrupción tuvieron que recurrir al exilio para evitar ser arrestados.
Varios de estos funcionarios exiliados señalan a la actual jefa del Ministerio Público y fiscal general del país, Consuelo Porras, como líder de la persecución judicial. La fiscal es una de las funcionarias centroamericanas que han sido sancionadas por los Estados Unidos por la acusación de “obstruir” la justicia.
Para Pappier, se trata de un modelo oligopólico de poder en el sentido económico, en donde un conjunto de actores controlas y cooptan instituciones. Es por esto que el investigador pide la atención del mundo para evitar “casos como los de Nicaragua y Venezuela”.