La decisión del Ejecutivo se produjo en medio del recrudecimiento de la crisis social y política en el país, con protestas y manifestaciones en diferentes regiones, que exigen mejoras en la situación económica y piden la renuncia de Castillo.
El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la Red Vial Nacional durante 30 días y restringió derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras en medio de las protestas y movilizaciones contra el presidente Pedro Castillo que comenzaron con un paro transportista.
La medida fue anunciada en un decreto publicado en el diario oficial El Peruano, que detalló que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas” en las zonas en emergencia.
Suspendió, además, “los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales” en la red vial.
Precisó que la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a las leyes que regulan “el empleo y uso de la fuerza” en el territorio nacional.
El decreto fue firmado por Castillo y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los ministros del Interior, Defensa y Justicia y Derechos Humanos.