La condena dictada contra el hondureño Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, es una “pequeña victoria”, pero “no satisface” a su familia, por lo que el Estado de Honduras sigue en deuda.
“La sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de justicia del pueblo lenca. El Estado de Honduras se mantiene en deuda”, dijo Bertha Zúñiga, hija de la líder ecologista.
Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado en julio de 2021 como “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y fue condenado a 22 años y seis meses de prisión.
La sentencia fue leída por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en presencia de la parte acusadora (el Ministerio Público), familiares de Cáceres encabezados por Zúñiga, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista era su coordinadora, y defensores de derechos humanos, entre otros.
Según el Ministerio Público de Honduras, Castillo “concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca”.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.