Con la ilegalización de esas tres ONG, las primeras dirigidas por empresarios sandinistas hasta ahora aliados del Gobierno de Ortega, se elevó a 52 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país en abril de 2018.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló las personalidades jurídicas a tres ONG, dos de ellas dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres, y la otra por el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, a petición del Ejecutivo del presidente Daniel Ortega.
Las ONG ilegalizadas son la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambos presididas por Torres; y la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), que preside Martínez Cuenca.
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las tres ONG fue aprobado con trámite urgente con el voto de 82 diputados, ninguno contra, tres se abstuvieron, y otros seis estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.