La acusación tuvo su génesis en las presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
La defensa del presidente chileno, el derechista Sebastián Piñera, calificó de “maniobra política mañosa y con claros fines electorales” al juicio político que intenta realizarse en su contra a raíz del escándalo de los Pandora Papers.
“No se puede advertir desde ningún punto de vista una actividad ni ilegal, ilícita ni la configuración de ilícitos constitucionales de tal gravedad que supongan la posibilidad de destituir a un Presidente de la República en ejercicio”, señaló su abogado defensor, Jorge Gálvez, ante la comisión de cinco diputados que evalúa la acusación constitucional.
“A nuestro juicio, hay situaciones que se intentan forzar, generando algunas confusiones en el plano fáctico (…) Asistimos a una acusación que más allá de un inteligente uso del lenguaje y un serie de recursos para adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece a ningún hecho constitutivo de ilícitos constitucionales”, agregó Galvez.