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También determina que el ente electoral del país debe formular una reglamentación “oportuna y correspondiente” para evitar este tipo de situaciones.
El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia declaró “indebida e ilegal” la inhabilitación que un tribunal judicial dictó en 2020 contra la postulación del expresidente Evo Morales como senador y ordenó que se efectúe una “indemnización económica” por la restricción de su derecho de ser candidato.
La sentencia constitucional que fue conocida establece “la reparación integral de los derechos conculcados” del expresidente boliviano y dispone una serie de acciones tras declarar la “nulidad” de una sentencia judicial de octubre de 2020 que dio la razón a una resolución previa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la inhabilitación de Morales.
El dictamen del TC admite la “calificación de daño” y establece la “consecuente indemnización económica” a favor de Morales en los que se incorporan “gastos judiciales”, “lucro cesante” y “daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas”.
