“Debido a la seriedad de las conductas y al impacto económico en el país, se procederá con un proceso que podría resultar en la suspensión y cancelación de los contratos de estas compañías con el Estado”, afirmó Martha Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El caso Odebrecht volvió a ser relevante en Colombia después de que resurgiera en Estados Unidos, donde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusara al conglomerado bancario Grupo Aval de “violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro atribuyó a la Fiscalía la responsabilidad de permitir que los culpables de la corrupción en esta empresa escaparan a Brasil. Odebrecht está involucrada en Colombia en un caso de irregularidades relacionadas con la construcción de la carretera Ruta del Sol II, que conecta el centro del país con el Caribe.
El Gobierno colombiano solicitó cooperación a las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos para avanzar en el caso. Zamora explicó que la legislación colombiana habilita el uso de pruebas judiciales provenientes de autoridades extranjeras en los tribunales colombianos.