La Sala de Reconocimiento de la JEP, presidida por la magistrada Lily Rueda, definió tres subcasos: el primero sobre violencia basada en género contra civiles cometidas por miembros de la antigua guerrilla de las FARC, el segundo sobre violencia basada en género contra civiles cometidos por miembros de la fuerza pública, y el tercero se denomina violencia de género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y las extintas FARC.
Las cifras de la JEP señalan que han sido registradas 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, cometidos entre 1957 y 2016. El 89,2 % de las víctimas son mujeres, y el 35 % sufrieron la violencia cuando eran niñas, niños y adolescentes, mientras que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 %), seguidos por las FARC (5,82 %) y agentes del Estado (3,14 %).
El caso tiene fundamentos por “la gravedad de los hechos, por la magnitud de la victimización que se vislumbra, por los múltiples factores de vulnerabilidad que recaen sobre las víctimas, por la representatividad que incluye el gran significado simbólico que tiene para un amplio sector de la sociedad la investigación de estas conductas y la posibilidad de que con ello se supere la brecha de impunidad que históricamente ha caído sobre ellas”, detalló Rueda.
En la fase de concentración se concluyó que estas violencias tuvieron patrones distintos a los que están siendo abordados en otros macrocasos, y que, por tanto, ameritan una investigación particular.