Unas 223 personas se vieron obligadas a cambiar de domicilio en El Salvador desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022 hasta la fecha, reportaron este jueves tres organizaciones de derechos humanos del país, entre ellas Cristosal.
El régimen de excepción, aprobado a petición del Ejecutivo por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista el 27 de marzo de 2022, fue la respuesta del gobierno a una escalada de violencia atribuida a las pandillas, que en un solo día dejó 62 muertos y que fue prorrogado por decimocuarta ocasión en mayo de 2023 con la justificación del homicidio de un policía.
Esta medida permite mantener suspendidas algunas garantías constitucionales, como la ampliación del plazo de detención de 72 horas a 15 días, así como la intervención de las telecomunicaciones sin previa autorización de un juez.
De acuerdo con las organizaciones, el 76% de las víctimas atendidas señaló como sus agresores a miembros de la Policía y el Ejército. Según este informe, las agresiones cometidas por policías aumentaron durante el régimen de excepción.
“Para 2020, apenas el 2,5% correspondía a la PNC y 2021, el 5,2%. Sin embargo, en el año 2022 la cifra creció de forma considerable, alcanzando un 41,5% para la PNC y un 4,1% para la Fuerza Armada, institución que antes no aparecía señalada”, dijeron las organizaciones en una rueda de prensa en San Salvador.