Los dirigentes cívicos que organizan y promueven el paro que ya lleva 23 días en Santa Cruz, anunciaron la extensión del mismo. Por su parte, el gobierno del presidente Luis Arce amenaza con detener a los líderes civiles de las protestas.
El mandatario boliviano decretó que el censo se hará el 23 de marzo de 2024. Mientras tanto, Santa Cruz exige garantías para que los resultados sean tomados en cuenta en las elecciones de 2025. En relación a esto, un masivo cabildo abierto realizado este domingo mostró la determinación de la ciudad por mantener el paro de labores, el cual está ahogando la economía.
No obstante, una Fiscalía de la ciudad de La Paz aceptó una demanda penal contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad cruceña, Vicente Cuéllar. A los tres se les acusa de presuntos atentados contra el presidente y violaciones del orden público.