La fiscalía acusó a la expresidenta de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fiscal Diego Luciani finalizó su alegato en el juicio oral celebrado este lunes solicitando una condena de 12 años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El proceso que se viene siguiendo se relaciona a las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. Para Luciani, la participación de Fernández fue un aporte principal y mantuvo poder sobre el resto de acusados por la fiscalía. El fiscal añadió que la motivación principal habría sido la intención de lucrar con dinero público.
En el alegato se concluyó que la actual vicepresidenta de Argentina no tuvo arrepentimiento y utilizó su cargo para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada. Asimismo, el fiscal señaló que no encontró ningún atenuante ante los crímenes cometidos por la exmandataria.
Al mismo tiempo, el fiscal Sergio Mola, expuso que la defraudación al estado fue de 5,321 millones de pesos en las obras que recibió Báez. Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.
Finalmente, la fiscalía acusó que varios dirigentes políticos se desentendieron del tema y lo dejaron de lado en la agenda política. Luciani exclamó que incluso algunos funcionarios han descalificado las investigaciones con el fin de menoscabar al poder judicial.