El criminal, de 68 años, no ha sido ejecutado debido a reveses legales que todavía no han podido ser resueltos por la ley de Georgia.
El Tribunal Supremo de Georgia retrasó la ejecución de un hombre alegando que las políticas del Departamento de Correcciones de Georgia interfieren con la capacidad de los abogados para representar a los condenados a muerte. Virgil Delano Presnell Jr., de 68 años, fue condenado a muerte por el asesinato de Lori Ann Smith, de 8 años, y la violación de su amiga de 10 años después de secuestrarlas en mayo de 1976 mientras caminaban a casa desde la escuela en el condado de Cobb.
El Programa de Defensores Federales, que representa a Presnell, alegó que el estado y el fiscal general Chris Carr “violaron un contrato que rige la reanudación de la ejecución de sentencias de muerte en Georgia después de la pandemia de COVID-19”. El estado argumentó que un tribunal de primera instancia no debería haber negado su moción para desestimar la moción del Programa Federal de Defensores basada en la inmunidad soberana. Los abogados estatales también argumentaron que un tribunal no debería haber otorgado la orden de restricción de emergencia de la defensa, lo que impidió que el estado buscara la ejecución.
Un intercambio de correos electrónicos entre la oficina del fiscal general del estado y los abogados del Programa Federal de Defensores estuvo en el centro del fallo. En última instancia, la Corte Suprema de Georgia decidió que el estado renunció a su derecho a la inmunidad soberana y encontró válidas las mociones de la defensa. La oficina del fiscal general de Georgia, Chris Carr, no hizo comentarios sobre el caso, que ahora se dirige a un tribunal de primera instancia.