Los jueces de menores de Georgia están acusando a la agencia estatal de bienestar infantil de intentar infringir la ley estatal, según su testimonio en una investigación federal en curso.
“La ley es clara en cuanto a cuándo debemos retener a los niños”, afirmó la jueza de menores del condado de Paulding, Carolyn Altman, quien, junto con otras dos personas, proporcionó testimonio el lunes sobre sus interacciones con la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS).
Fue la segunda audiencia pública de la investigación dirigida por el senador de Georgia Jon Ossoff, perteneciente al subcomité de Derechos Humanos del Senado de Estados Unidos, sobre la DFCS.
Bajo juramento, Altman detalló una reunión celebrada en agosto, en la que alegó que los altos dirigentes de la DFCS les solicitaron a los jueces que mantuvieran a los niños en centros de detención juvenil mientras el estado trabajaba para encontrar hogares de acogida. “Como jueces, no detenemos a niños, especialmente a aquellos con necesidades especiales, únicamente porque no podamos encontrar un lugar adecuado para ellos”, afirmó Altman.
Ossoff le preguntó a un segundo testigo, el juez de menores del condado de Gwinnett, Nhan-Ai Simms, si esa acción era legal de acuerdo con la ley de Georgia, a lo que ella respondió que no.
“Si hemos llegado al punto en nuestro sistema de bienestar infantil en el que queremos prolongar el período de detención de un niño solamente porque no podemos encontrar un lugar para él, entonces algo no está funcionando correctamente”, dijo Simms. “Necesitamos un cambio”. Los testigos describieron cómo la ley estatal establece que un niño no debe ser detenido para castigo, tratamiento o debido a la falta de una instalación más adecuada.