El martes por la tarde, la fiscal del del condado de Fulton, Fani Willis, testificó ante el Comité Judicial del Senado para ofrecer su apoyo a un proyecto de ley que fortalecería el enjuiciamiento de las pandillas callejeras. Se trata de la ley “Safe and Secure Georgia Act” (Ley de Georgia Segura y Protegida) y es patrocinada por el senador John Albers, republicano por Roswell.
“Creo que es extremadamente importante no solo para los fiscales de distrito urbanos”, dijo Willis, añadiendo que las fiscalías rurales también se beneficiarán.
El proyecto de ley tiene como objetivo aplicar mano dura contra los delincuentes, responsabilizándolos en un condado por delitos relacionados con pandillas cometidos en otro condado.
“No te vamos a enjuiciar por ser miembro de una pandilla, pero puedes ser responsable de todos los delitos que cometas en apoyo de ellos”, dijo Willis.
Los partidarios del proyecto de ley argumentan que, al unirse a la pandilla, los tribunales pueden considerar al miembro individual como parte de la conspiración de la pandilla más grande para cometer otros delitos en otros condados, lo que hace que el miembro participante sea responsable de los delitos transjurisdiccionales de esa pandilla.
“Una pandilla por su naturaleza es un tipo especial de conspiración criminal”, dijo John Floyd, fiscal y experto en leyes de conspiración y crimen organizado. “Si una persona se une a una conspiración, es juzgada en cualquier lugar donde esa entidad cometa conspiraciones”, detalló.
El proyecto de ley ordenaría a los tribunales que hagan cumplir sentencias mínimas de prisión para los delincuentes condenados por posesión de armas de fuego. También prohibiría a los tribunales suspender o diferir una sentencia para delincuentes domésticos violentos y delincuentes con armas. También castigaría más seriamente a los abusadores reincidentes de niños, discapacitados y ancianos.
Anteriormente, el Fiscal General de Georgia, Chris Carr, anunció su apoyo al Proyecto de Ley 1134 de la Cámara de Representantes que permitiría a su oficina la jurisdicción para investigar y enjuiciar la actividad criminal de pandillas en todo el estado.