Los Gobiernos de Arizona, Luisiana y Misuri presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Joe Biden por su decisión de suspender la medida migratoria de uso sanitario, Título 42.
La demanda judicial se presentó ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Luisiana. La encabeza el fiscal general
de ese estado, Jeff Landry, y la acompañan sus pares de Arizona, Mark Brnovich, y de Misuri, Eric Schmitt.
Los fiscales consideran que “la revocación del Título 42 resultará en una crisis sin precedentes en la frontera sur con un impacto devastador no solo en los estados fronterizos sino en todo el país”, según el comunicado de la Fiscalía de Arizona.
“Si bien es difícil identificar la acción más irresponsable del presidente Biden desde que asumió el cargo, la rescisión del Título 42 es, sin duda, una de las peores”, afirmó Brnovich.
Fin del Título 42
El Gobierno de Biden anunció que en mayo próximo cesará el uso de la norma, conocida como Título 42, que es parte de la ley de Salud Pública y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.
Como se recuerda, el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la covid-19 y Biden ha seguido usándola aunque la pandemia se ha atenuado.
Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. explicaron que dada la evolución de la pandemia y la cobertura de vacunación en el país, los migrantes ya no suponen un riesgo sanitario.
Plan con el Título 8
Una funcionaria del Gobierno de EE.UU. afirmó que la Administración está coordinando para “estar preparados ante cualquier aumento potencial de llegadas en la frontera que resulten de la terminación del Título 42”.
Dicha fuente subrayó que, a partir del 23 de mayo, los adultos indocumentados que entren a Estados Unidos de manera irregular serán “expulsados” mediante el Título 8, la normativa migratoria vigente antes de la pandemia.
“Aquellos que crucen la frontera sin autorización legal, serán puestos en procesos de deportación y, si no pueden acreditar su estancia legal en Estados Unidos, serán devueltos”, advirtió.
La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo, mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.