Tras disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones, presidente Guillermo Lasso gobernará mediante decretos.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión del mandatario, utilizando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La “muerte cruzada” permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y cuando -a su juicio- el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.
Una vez que Lasso activa este mecanismo, el Consejo Nacional Electoral dispone de siete días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria.
Lasso podrá presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en estos comicios en los que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones.
Ante una perspectiva electoral, el analista político Jorge Ortiz dijo a CNN que Lasso sabe que sus posibilidades son muy pocas. “El problema es que sus índices de popularidad son muy bajos y decayendo, por lo que la posibilidad de que lograra la reelección es prácticamente nula”, dijo el analista.
Por ahora, hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar por decreto, pero deberá contar para ello con un visto bueno previo de la Corte Constitucional.
La oposición se muestra evidentemente en contra. El partido Revolución Ciudadana (RC) aseguró que “esta acción desesperada e inconstitucional es una estrategia de un Gobierno desahuciado que busca evitar la votación para destituirlo, sin importarle la gente”. Para ellos, la emisión del decreto es ilegal porque no hay conmoción interna ni crisis interna como argumentó Lasso. Además, el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, anunció la posibilidad de presentar demandas de inconstitucionalidad y acciones en las calles. El Partido Social Cristiano (PSC) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Tras conocerse el anuncio de Lasso, la policía y miembros de las fuerzas militares rodearon la Asamblea Nacional y otros edificios de gobierno.
PERSPECTIVAS DIFERENTES
Gobiernos de Latinoamérica y Estados Unidos se han pronunciado ante la noticia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que espera que pueda resolver su situación interna a través de las elecciones anticipadas. “No creo yo que haya inestabilidad. (…) Si se va a convocar a nuevas elecciones que participen todas las fuerzas políticas. Y no creo que haya violencia política”, dijo el mandatario a la prensa.
Por su parte, Estados Unidos señaló que su relación con el Gobierno de Ecuador sigue fuerte. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, mencionó que esperan que se garanticen los procesos democráticos en beneficio del pueblo.
Asimismo, Chile apela al “entendimiento mutuo” y al “diálogo” para salir de la crisis política en Ecuador. “El Gobierno de Chile confía en que la crisis política que afecta al hermano país de la República del Ecuador, se resuelva a través de los mecanismos democráticos e institucionales previstos en sus normas constitucionales, con estricto apego y respeto al Estado de derecho”, ha indicado en un comunicado el Ministerio de Exteriores.
Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó este miércoles su respaldo y aseguró que Lasso ejerció “sus funciones constitucionales” al decretar la disolución del Congreso y convocar elecciones generales anticipadas, en medio del juicio político en su contra.