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Corte Suprema señala que padres de niño pueden reclamar indemnización tras ‘educación inadecuada’ por sordera. No se le dio diploma de secundaria y profesores inflaban sus calificaciones en Michigan.
Sigue la batalla legal y, esta vez a favor de Miguel Luna Pérez, de 27 años. Durante 12, el sistema escolar de una escuela pública en Sturgis, Michigan le desatendió y mintió a sus padres sobre los progresos que hacía, lo que afectó de forma permanente su capacidad de comunicación ante la sordera que tiene. Al conocer la situación, la Corte Suprema emitió un dictamen unánime a favor del estudiante latino, ello luego de que una corte inferior desestimará la demanda.
Actualmente, los jueces señalaron que, después de que Pérez y su familia resolvieran una demanda contra el sistema escolar (con la cual la institución aceptó pagar los gastos de una enseñanza adicional y el aprendizaje del lenguaje de signos), ahora pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
Cabe resaltar que Pérez sigue teniendo dificultades para hacerse entender. Sus abogados indican que la escuela le dio un asistente no apto para trabajar con alumnos sordos, que no conocía el lenguaje de signos, y que, además, lo dejaba solo durante horas.
Debido a ello, Pérez no conocía ningún lenguaje de signos formal y se comunicaba mediante signos inventados, señalaron sus abogados. Entre tanto, la escuela prefería inflar sus calificaciones para ‘denotar’ el progreso del niño. Por esta razón, sus padres creían que obtendría su diploma de secundaria. Pero, antes de graduarse, la misma institución le dijo que sólo podía obtener un “certificado de finalización”.
DAÑOS Y PERJUICIOS
La familia de Luna Pérez se ampara en dos leyes. Por un lado, la ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés), prohíbe la discriminación de personas con discapacidad y, por otro lado, la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA), garantiza a niños con discapacidad una educación pública gratuita adaptada a sus necesidades.
Con respecto a la IDEA, su familia y el distrito escolar llegaron a un acuerdo. Este último aceptó pagar la escolarización adicional y la enseñanza del lenguaje de signos para Pérez y su familia, lo cual permitió que se graduara en 2020 de la Escuela para Sordos. Ante esta situación, la familia solicitó la indemnización por daños y perjuicios ante la corte federal y en virtud de la ADA. Ante la negativa de la justicia, llevaron el caso a la Corte Suprema, la cual puntualizó que lo hecho con IDEA no obstruye el nuevo pedido.
