Corte Suprema prohíbe polémica ley SB4 de inmigración de Texas. Norma permitía arrestar a los que ingresaban de manera ilegal al país.
La ley SB4 de Texas fue extendida indefinidamente por la Corte Suprema, justo cuando expiraba el bloqueo temporal que el tribunal le había impuesto mientras revisaba la constitucionalidad de la polémica medida que faculta a las agencias de aplicación de la ley para arrestar bajo cargos penales a inmigrantes que crucen la frontera de forma irregular.
La ley permanecerá en suspenso mientras la corte sigue deliberando sobre si debe impedirse su entrada en vigor de forma permanente. No hay plazos para la decisión final del máximo tribunal.
El juez conservador Samuel Alito falló a favor de volver a bloquear de forma temporal una decisión de un tribunal inferior. El tribunal dijo que la ley permanecería en suspenso “en espera de nueva orden”.
Originalmente, la ley debía entrar en vigor el 10 de marzo, pero Alito ha intervenido en tres ocasiones para garantizar que el fallo del tribunal inferior permanezca en suspenso.
El juez de distrito David Ezra había rechazado la ley el mes pasado, al calificarla de inconstitucional y reprender múltiples aspectos de la legislación en un fallo de 114 páginas que también desestimó las afirmaciones de los republicanos de Texas de que ocurría una “invasión” a lo largo de la frontera sur.
Pero una corte federal de apelaciones suspendió ese fallo y el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que interviniera.
La disputa legal por la ley SB4 es solo una de las múltiples peleas en los tribunales entre la Administración Biden y el gobernador Abbott, quien se ha quejado sostenidamente de la crisis migratoria en la frontera de su estado con México.
Abbott firmó la ley en diciembre como parte de sus duras medidas a lo largo de la frontera de Texas con México, en un esfuerzo que pone a prueba hasta dónde pueden llegar los funcionarios estatales para evitar que los migrantes crucen a Estados Unidos ilegalmente.
En una declaración publicada en la red social X tras la decisión, Abbott indicó que “la Corte Suprema detuvo temporalmente la aplicación de la ley SB 4, pero Texas sigue haciendo uso de su autoridad para detener a inmigrantes ilegales por allanamiento de morada y otras infracciones de la ley”.
“Seguimos construyendo el muro, utilizamos [a la Guardia Nacional] GN para erigir barreras de alambre de púas para repeler a los migrantes y [tenemos] boyas permanecen en el río”, comentó.
La ley permite a cualquier oficial de Texas detener a personas sospechosas de entrar sin documentos en el país. Para poder hacerlo, los agentes deberán tener una causa probable que puede incluir haber presenciado un ingreso ilegal o haberlo visto en video.
Sin embargo, la SB4 no podrá aplicarse a personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos, incluidas las que hayan obtenido asilo o estén inscritas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
Los agentes pueden aplicar las aprehensiones en cualquier lugar de Texas, con algunas excepciones. Sin embargo, el representante estatal republicano David Spiller, que presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, cree que la gran mayoría de las detenciones se generen en un radio de 50 millas (unos 80 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México.
Entre los lugares en los que no se pueden llevar a cabo las detenciones están las escuelas públicas y privadas, así como iglesias, sinagogas u otros lugares de culto establecidos. Tampoco podrán tener lugar en hospitales y otros centros de atención sanitaria, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresiones sexuales.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Los oficiales texanos tendrán la facultad discrecional de deportar a los detenidos.
Una vez aprehendidos, los inmigrantes podrán optar por aceptar la orden de un juez estatal de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los que no abandonen el territorio estadounidense corren el riesgo de ser detenidos otra vez y ser procesados por delitos más graves debido a la reincidencia.
La SB4 establece que a quienes se les ordene salir de Estados Unidos serán enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, sin importar si son o no ciudadanos mexicanos.
Anteriormente, ayudar a cruzar o transportar a un inmigrante indocumentado era castigado hasta con dos años de prisión. Con la SB4 esta pena se incrementa a 10 años tras las rejas y el pago de una multa máxima de 10,000 dólares.
En caso de que una persona detenida sea reincidente, la pena podría alcanzar hasta dos décadas de prisión.
Para aquellos que sean procesados y condenados por operar una casa para esconder indocumentados, las penas tendrán un mínimo de cinco años en prisión.
Pero las penas serán incrementadas a su máximo, si los delitos ocurren en regiones declaradas como zonas de desastre. La medida también amplía las condenas para otros delitos cometidos durante el contrabando de inmigrantes.
La ley contempla que los arrestados que colaboren con la justicia en una investigación relacionada con la inmigración ilegal, puedan beneficiarse con la reducción a la mitad de su condena.
REACCIÓN DESDE MÉXICO
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México informó que recibió con beneplácito la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
La SRE, a cargo de la canciller Alicia Bárcena, señaló que la ley SB4 “criminaliza la estancia de personas indocumentadas en el Estado” .
Apuntó que la ley fue señalada como inconstitucional al otorgar facultades a autoridades estatales y locales para ejercer acciones migratorias, capacidad exclusiva de autoridades federales de Estados Unidos.
“México hace votos por la cooperación internacional para el desarrollo para abordar juntos las causas estructurales de la movilidad humana, un fenómeno a gestionar de manera compartida”, precisó a través de sus redes sociales.
Además, la dependencia federal rechazó cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará velando por la protección consular de las y los mexicanos en donde quiera que se encuentren”, destacó.