Organizaciones afirman que no hay ningún responsable sentenciado por incendio mortal. Aún faltan pagos a familiares de los 40 fallecidos.
El 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrió un incendio fatal en el cual agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) permitieron que 40 hombres murieran en una celda.
Siete organizaciones, albergues y redes de la sociedad civil denuncian que a un año del trágico incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación del daño.
Algunas de las organizaciones son Al Otro Lado TJ AC, Casa Arcoíris, Comunidad en Retorno, Casa del Migrante Saltillo, Menstruación Digna en Estaciones Migratorias, Sin Fronteras IAP, entre otras, quienes aseguraron que continuaran acompañando a las víctimas indirectas.
Recientemente, el Congreso de Chihuahua exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la prisión preventiva para el comisionado del INM, Francisco Garduño, toda vez que asegura que su libertad pone en riesgo la investigación en su contra y la de otros funcionarios involucrados en el incendio de hace un año. Hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, Garduño Yáñez, quien sigue al frente del INM, y el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), destacó que “es muy clara aquí la responsabilidad del Estado” en este hecho, pues además de los videos en los que se evidencia el dolo de personal del INM para no dejar salir a los migrantes durante el incendio, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluye que “sí hubo tiempo para que los guardias abrieran las puertas y no lo hicieron”.
Sin embargo, a pesar de esos elementos de prueba “no ha llegado la justicia, toda vez que las autoridades y, en el caso particular de Francisco Garduño, han aplicado prácticas dilatorias”, refirió Kuhner.
Asimismo, el proceso de reparación a las familias de los migrantes fallecidos continúa. A la fecha, la mayoría de las familias en El Salvador, Guatemala y Honduras han firmado documentos para el proceso de reparación, pero no se ha finalizado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no realizó evaluaciones individuales como establece la ley. Es decir, una madre con cinco hijos que perdió a su esposo en el incendio recibirá lo mismo que un familiar sin dependientes. Ninguna de las 42 personas sobrevivientes, 27 hombres y 15 mujeres, han recibido una reparación.
“Las organizaciones de la sociedad civil hemos brindado labores de acompañamiento a algunos sobrevivientes y familias de fallecidos, como representantes en el proceso penal, de cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en la reparación del daño frente a CEAV. Además de aportar evidencia al Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento del Senado, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Kuhner.
El informe de la CNDH fue contundente: ninguna de las 49 estaciones migratorias evaluadas tiene condiciones adecuadas para estar en función. Desde el incendio ha habido al menos dos muertes adicionales en estaciones migratorias.
Como en toda tragedia, nuevas secuelas surgen en los sobrevivientes cada día. Sus vidas no volverán a ser las mismas. El Estado mexicano, por su parte, sigue deteniendo a las personas y colocándolas en cárceles migratorias en condiciones cuestionables.
29 de 40 familias
Al cumplirse este un año del incendio en la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, todavía falta que se den pagos por indemnizaciones.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó de la condición que guarda la reparación del daño a las víctimas y las medidas de acompañamiento a las personas lesionadas y familiares.
Señaló que el 17 de abril de 2023, el INM solicitó formalmente la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender “la sustanciación del procedimiento” y clarificar la forma de pago a los deudos de las 40 personas migrantes fallecidas, así como a los 27 lesionados.
El 10 de julio de 2023, la CEAV resolvió los montos a entregar para cada uno de los núcleos familiares de las personas fallecidas, “que por seguridad solicitaron no hacer públicas las cantidades”.
A la fecha han recibido la indemnización 29, de un total de 40, indicó el INM, a cargo de Francisco Garduño.
Sobre los 11 faltantes de pago, el INM indicó que “se avanza en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que deben demostrar fehacientemente tener derecho a recibir la indemnización”.
“Respecto a las 27 personas migrantes que resultaron lesionadas, el INM continúa las gestiones relativas a los dictámenes sobre los montos que correspondan a cada persona, para que esta autoridad migratoria dé cumplimiento al pago”, refirió.
Agregó el INM que el 30 de marzo del años pasado solicitó el apoyo de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para valorar a los heridos y la procedencia de su traslado a hospitales.
Sobre las personas migrantes fallecidas, el INM solicitó a Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina transporte aéreo para llevar a cabo la repatriación, así como los servicios de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias AC (ANDF) para la preparación y traslado a sus países de origen.
El 28 de marzo de 2023, el INM solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al entonces Órgano Interno de Control (OIC) —hoy Área de Especialidad de Control Interno en el ramo de Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP)— “llevar a cabo una investigación por lo acontecido en la estancia de Ciudad Juárez, con el propósito de esclarecer los hechos y responsabilidades”.
EXIGEN JUSTICIA
Con el fin de recordar la memoria de los 40 migrantes fallecidos, organizaciones civiles, activistas y ciudadanos acudieron a las afueras del lugar para realizar una serie de eventos.
Los primeros fueron los integrantes del colectivo Ángeles Mensajeros, quienes con oraciones y cantos recordaron a los 40 fallecidos y 27 migrantes más que resultaron heridos.
En el lugar colocaron sobre la malla las fotografías de cada uno de los fallecidos en el incendio y se pronunció sus nombres.
Más tarde, una serie de organizaciones civiles, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) acudieron a colocar un total de 40 lápidas de barro con las cuales buscan recordar la memoria de las víctimas del incendio.
Sobre la banqueta de la estación ubicada sobre la calle Rivas Guillén se colocaron los bloques de barro con las lápidas, así como con mantas con los nombres de las víctimas.
Cada uno de los bloques representaba a los países de donde eran originarias las víctimas que perdieron la vida el año pasado como lo son Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Cristal Sandoval, quien representaba a una de las organizaciones que acudieron a deslizar esta actividad, explicó que lo que se busca es conmemorar la vida de quienes murieron en el incendio y a sus familias que siguen sin recibir justicia.
Las activistas también leyeron algunos testimonios de los sobrevivientes del incendio, quienes en su mayoría, quedaron con lesiones de por vida.