Defensores de derechos civiles y legales demandan dura norma impulsada por el gobernador de Florida.
Una coalición de organizaciones de derechos civiles y legales demandó la ley migratoria de Florida SB 1718, que entre otras medidas castiga con penas de cárcel de hasta 30 años el traslado de inmigrantes indocumentados desde otros estados y exige a los hospitales registrar el estatus migratorio de los pacientes, incluso aquellos que acuden a salas de emergencia.
“La demanda se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionados’ por el gobierno federal desde entonces”, señala el Southern Poverty Law Center, el American Civil Liberties Union, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.
Además, establecen que es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
La SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio y es respaldada por el gobernador Ron DeSantis, quien lanzó recientemente su precandidatura presidencial por el Partido Republicano, convirtió al sureño estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos y desató un éxodo de trabajadores indocumentados, sobre todo campesinos y trabajadores de servicios.
La demanda se presentó contra el gobernador DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida, explica el SLPC. Fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami.
Asimismo, se agrega que la Sección 10 “es solo una de una serie de nuevas leyes dentro de la SB 1718 que perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas”.
“Este proyecto de ley dañino contra los inmigrantes es inconstitucional, xenófobo y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y marrones de Florida”, señaló Paul R. Chávez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC.
“Es cierto que fue diseñado para infligir crueldad, la SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. Esta demanda reivindicará todos nuestros derechos constitucionales, y seguimos comprometidos a garantizar que los inmigrantes sean tratados con justicia, igualdad y dignidad”, agregó.
ATAQUE A LA COMUNIDAD INMIGRANTE
Por su parte, Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, indicó que la SB 1718 “es un ataque a la comunidad inmigrante de Florida y a los derechos de todos los floridanos que cuentan con inmigrantes entre sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos”.
“Pero el gobernador DeSantis y sus aliados antiinmigrantes en la Legislatura de Florida no deben cometer errores: cuando intenten burlar la Constitución, lucharemos. Florida tiene una larga y orgullosa historia de recibir inmigrantes en el estado”, precisó.
En los mismos términos se refirió Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios del American Immigration Council. “Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender los derechos y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. La unidad y la justicia deben triunfar sobre el miedo y la hostilidad”, puntualizó.