Iowa aprueba ley para arrestar y deportar a algunos inmigrantes. Medida ha elevado la ansiedad en comunidades del estado.
La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, firmó una ley antinmigrante que permite a la Policía de ese estado arrestar a indocumentados a los que se les haya negado el ingreso a Estados Unidos o deportados previamente.
Con la aprobación de la medida estatal SF 2340, Iowa se une a otros estados republicanos como Texas y Florida que han emitido leyes contra la inmigración indocumentada.
La ley permitiría el arresto de inmigrantes que han sido deportados del país o se les ha negado el ingreso y obligaría a la Policía de ese estado a verificar que los extranjeros sean expulsados nuevamente de EE.UU.
La orden del juez debe identificar el método de transporte para salir de Estados Unidos y un agente de la ley o una agencia de Iowa que vigile la salida de los migrantes. Los que no se marchen podrían ser detenidos de nuevo por cargos más graves.
En un comunicado Reynolds arremetió contra el Gobierno del presidente Joe Biden y sus políticas migratorias como parte de sus argumentos para apoyar la medida. “Quienes entran ilegalmente a nuestro país han infringido la ley, pero Biden se niega a deportarlos. Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”, agregó la republicana.
Kim Reynolds hace parte de los gobernadores que han respaldado a su homólogo de Texas, el republicano Greg Abbott, en su desafío a la Administración demócrata.
Biden ha respaldado un proyecto de ley bipartidista que permitiría restringir el sistema de asilo para contener el ingreso irregular de migrantes por la frontera suroeste del país. Pero los republicanos en el Congreso rechazaron debatir la propuesta después de que el expresidente y precandidato republicano Donald Trump arremetiera contra la medida.
Reynolds ha viajado varias veces a la frontera de Texas con México y desplegó soldados de la Guardia Nacional de Iowa y policías del Departamento de Seguridad Pública del estado en la frontera.
La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, ha elevado la ansiedad en las comunidades de inmigrantes de Iowa y ha suscitado preguntas entre los expertos legales y las fuerzas del orden sobre cómo será aplicada. La medida refleja parte de una ley de Texas que actualmente está bloqueada en los tribunales.
Los grupos comunitarios de inmigrantes de Iowa están organizando reuniones y materiales informativos para tratar de responder a las preguntas de muchos. También están pidiendo a las fuerzas del orden locales y del condado declaraciones oficiales, así como reuniones cara a cara.
En una reunión comunitaria en Des Moines, 80 personas se reunieron y formularon preguntas en español, entre ellas: “¿Debería irme de Iowa?”
Otros preguntaron: “¿Es seguro llamar a la policía?; ¿puede la policía de Iowa preguntarme por mi situación migratoria?, y ¿qué pasa si soy víctima de un estereotipo racial?”
Por su parte, después de que la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley, Dana Wingert, jefe de policía de Des Moines, afirmó a The Associated Press en un correo electrónico en marzo que el estatus migratorio no es un factor en el trabajo de su departamento para mantener segura a la comunidad. Amplió que el cuerpo “no está equipado, financiado o dotado de personal” para asumir responsabilidades que son del Gobierno federal.
“En pocas palabras, no sólo no tenemos los recursos para asumir esta tarea adicional, sino que ni siquiera tenemos la capacidad para realizar esta función”, subrayó Wingert.
Shawn Ireland, presidente de la Asociación de Sheriffs y Policías del Estado de Iowa, y segundo del sheriff en el condado de Linn, también dijo en un correo electrónico de marzo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley iban a tener que consultar con los abogados del condado para obtener orientación sobre la aplicación y cumplimiento de la medida.
LAS MISMAS INTERROGANTES
El proyecto de ley de Iowa se enfrenta a las mismas interrogantes sobre aplicación y cumplimiento que la ley de Texas, ya que la deportación es un proceso federal “complicado, costoso y a menudo peligroso”, explicó Huyen Phan, experta en leyes de inmigración, de la Facultad de Derecho de Texas A&M.
Cabe recordar que la ley de Texas está paralizada en las cortes tras una impugnación del Departamento de Justicia que afirma que entra en conflicto con las competencias del Gobierno federal en materia de inmigración.