Aprueban juicio político contra secretario de Seguridad Nacional. Es la primera vez en 150 años que Congreso está a favor de impeachment.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó de nuevo a favor de abrir un juicio político al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, por la gestión en la frontera con México del Gobierno del presidente, Joe Biden.
El inicio del juicio contra Mayorkas pasó por 214 votos a favor y 213 en contra.
Tres republicanos votaron en contra de iniciar el proceso: Ken Buck, de Colorado; Mike Gallagher (Wisconsin) y Tom McClintock (California). Dos republicanos (los representantes Brian mas y Maria Salazar) y dos demócratas (las representantes Judy Chu y Lois Frankel) estuvieron ausentes.
Un intento anterior la semana pasada había fracasado por la falta de una mayoría suficiente en la Cámara. Se trata de la primera vez que se abre un proceso de impeachment contra un miembro del Gobierno.
Mayorkas se ha convertido en el primer miembro de una Administración a quien se le ha iniciado un juicio político en casi 150 años.
Los republicanos llevan meses investigando en la Cámara a Mayorkas, dentro de su estrategia de convertir a la inmigración y la seguridad fronteriza en un tema electoral clave.
El presidente, Joe Biden, indicó en una declaración publicada por la Casa Blanca tras la votación que “la historia no mirará con candidez a los republicanos de la Cámara [de Representantes] por su patente acto de partidismo inconstitucional, que ha usado de blanco a un honorable servidor público para un bajo juego político”.
Añadió que “en lugar de puestas en escena como esta, los republicanos con preocupaciones genuinas sobre la frontera deben desear que el Congreso entregue más recursos para la misma y [garantice] una seguridad más fuerte”.
Biden subrayó que “dar la espalda a soluciones reales en este momento, cuando son más necesarias con el objetivo de hacer juegos políticos no es lo que el pueblo estadounidense espera de sus líderes. El Congreso necesita actuar para dar al secretario Mayorkas, a mi Administración y a mí las herramientas y recursos necesarios para enfrentar la situación en la frontera”.
La medida se dirige ahora al Senado, que casi con toda seguridad votará a favor de la absolución de Mayorkas, dado que se necesitan dos tercios, o 67 senadores, para condenar y destituir al secretario, cuyo partido, el demócrata, controla esa instancia legislativa.
Si bien todos los republicanos de la Cámara de Representantes, salvo unos pocos, apoyan la iniciativa de destitución, varios senadores del Partido Republicano la han desaprobado. El senador Kevin Cramer, republicano por Dakota del Norte, aliado de Trump, consideró la medida “obviamente muerta a su llegada” y “el peor y más tonto ejercicio y uso del tiempo”.
Una vez que los gestores del juicio político en la Cámara Baja transmitan los artículos al Senado, esa instancia tendría que celebrar un juicio político. Se espera que los artículos sean rápidamente desestimados, o que el juicio sea remitido a un comité especial que escucharía las pruebas de los gestores del impeachment e informaría al pleno del Senado.
El Senado está fuera de sesión y lo más pronto que abordaría la cuestión del juicio político sería después de que los legisladores regresen a Washington el 26 de febrero.
Durante una comparecencia en el programa Meet the Press, de NBC, Mayorkas restó importancia al juicio político por hacer “alegaciones sin base” y rechazó la idea de que es responsable por el abrumador número de inmigrantes que cruzan ilegalmente en la frontera sur.
“Es ciertamente una crisis y no tenemos responsabilidad por un sistema roto y estamos haciendo mucho”, puntualizó. “Pero, fundamentalmente, el Congreso es el único que puede arreglarlo”.
Los inmigrantes llevan mucho tiempo cruzando la frontera sur de Estados Unidos en busca de una nueva vida en el país, pero no como lo que está ocurriendo ahora. Las detenciones por cruzar ilegalmente desde México alcanzaron un máximo histórico en diciembre. En el año fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza interceptó a 2.2 millones de personas que cruzaban la frontera ilegalmente. Hay que remontarse décadas atrás para ver cifras comparables.
Pero las estadísticas no siempre son una medida perfecta. Las cifras de los años 1990 y 2000 se consideran muy inferiores a la realidad porque los inmigrantes intentaban entonces eludir a las autoridades al entrar en Estados Unidos en vez de solicitar asilo.
Hace décadas, el inmigrante típico que intentaba llegar a Estados Unidos era un hombre de México en busca de trabajo, y trataba de esquivar a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Ahora siguen viniendo de América Central y del Sur, pero también de países mucho más lejanos como China, Afganistán o Mauritania. Y a menudo buscan a los agentes para buscar asilo en Estados Unidos.
En ocasiones, el número de inmigrantes ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades, que han tenido que cerrar temporalmente los pasos limítrofes para poder procesarlos.
También ha tenido repercusiones lejos de la frontera. Los migrantes que llegan a ciudades como Chicago, Nueva York, Boston y Denver ponen prueba los servicios locales, lo que ha llevado a funcionarios demócratas a presionar al Gobierno federal para que tome medidas.
Los republicanos han echado la culpa de todo esto a Mayorkas y han dicho que, por ello, tiene que irse. Afirman que la Administración Biden ha deshecho las políticas que estaban en vigor bajo el Gobierno del republicano Donald Trump que, afirman, disuadían a los inmigrantes, y que ha implementado políticas que atraen a más.
Y además alegan que les ha mentido cuando ha dicho cosas como que la frontera es segura. Todo ello, argumentan, ha creado una crisis prolongada que está teniendo repercusiones en todo el país, es directamente culpa de él y justifica la destitución. Sin embargo, los tres republicanos de la Cámara que votaron en contra de la destitución argumentaron que los cargos no cumplían ese requisito.
Los demócratas y muchos expertos jurídicos han dicho que se trata esencialmente de una disputa política y que a los republicanos no les gustan las medidas de inmigración que el Gobierno de Biden, a través de Mayorkas, ha puesto en marcha. Se trata de una cuestión sobre la que deben decidir los votantes, no de un asunto que llegue al nivel de “delitos graves y faltas” necesario para impugnar a un funcionario del gabinete, argumentan.
DEFENSA GUBERNAMENTAL
Mayorkas y sus partidarios han afirmado a menudo que no son las acciones de la Administración las que atraen a los inmigrantes a la frontera sur, sino que forman parte de un fenómeno mundial de inmigrantes, impulsados por la agitación política, económica y climática, que están más dispuestos a embarcarse en viajes que ponen en peligro sus vidas para buscar una vida mejor.
Señalan que la Administración ha intentado hacer frente al caos en la frontera. Durante el último año, Mayorkas ha sido el rostro público de una política que pretende crear vías para que los inmigrantes lleguen al país, como una aplicación que les permite programar una hora para llegar a la frontera y solicitar la entrada. Y, argumentan, esa política tiene nuevos esfuerzos para limitar quién puede obtener asilo y ordenar deportaciones agresivas.
Pero el Gobierno y sus partidarios sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional se enfrenta a un sistema de inmigración anticuado y con escasez de fondos que sólo el Congreso tiene el poder de arreglar. Hasta ahora, argumentan, no lo ha hecho.