![](https://lavisionweb.com/wp-content/uploads/2021/10/lav-radio-degradado.svg")
Mauricio Funes (2009-2014) es condenado por favorecer a pandillas a cambio de reducir los homicidios.
Un tribunal de El Salvador condenó a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas criminales para bajar la tasa de homicidios, ofreciendo a cambio beneficios penitenciarios a sus cabecillas en las cárceles.
La corte impuso, además, una pena de 18 años de prisión para su exministro de Seguridad, el general retirado David Munguía Payés.
Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por esos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.
Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente del país condenado por violar la ley durante su mandato (de 2009 a 2014).
El tribunal argumentó en su fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.
Señaló que en el juicio quedó establecido que ambos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban como parte de la tregua pactada con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 19, en 2012 y 2013.
Añadió que se acreditaron las reuniones entre pandillas, para lo cual se hacían traslados ilegales de distintas cárceles, y el ingreso a los penales de orquestas y mujeres, así como de los mediadores, sin cumplir los debidos protocolos. Según el tribunal, los directores de los centros penales no tenían poder de decisión para esas acciones.
Al concluir el juicio, Munguía Payés afirmó que en el proceso hubo muchas irregularidades y se consideró “un condenado político sólo por haber servido como exministro de Funes”. “Me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, se lamentó.
El exministro de Seguridad dijo que apelará la condena, ya que esperaba que lo dejarán en libertad “porque no había ningún sustento legal para todas las imputaciones que nos han hecho”.
Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del régimen de Daniel Ortega, que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no estuvo presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Una reforma penal aprobada en septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.
TESTIGOS CLAVE
Los testigos (entre ellos el obispo Fabio Colindres y el exministro de Seguridad Ricardo Perdomo) aseguraron en el juicio que Funes y Munguía Payés estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua.
El obispo explicó que la tregua se inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz, donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas, y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios para ellos.
Los cabecillas pidieron a cambio ser trasladados del penal de máxima seguridad a cárceles comunes, y que se les permitieran las visitas íntimas y tener teléfonos celulares.
