Este miércoles el Departamento de Estado anunció la restricción a 60 personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La mayoría de las personas sancionadas son magistrados de cortes, jueces, empresarios y políticos que fueron incluidos en la “lista Engel“. A estos funcionarios se les acusa de socavar la democracia en sus países y obstruir la investigación contra la corrupción en la región.
El documento fue filtrado la noche del jueves, no obstante se hizo oficial recién el miércoles. La lista con los 60 nombres es un requerimiento por ley que debe hacer el gobierno estadounidense y entregar al Congreso. De esta forma se le negará el ingreso a los Estados Unidos a estos funcionarios y tampoco podrán tramitar sus visados.
En la lista se incluye a 16 guatemaltecos, entre los que resaltan las juezas supremas Vitalina Orellana Orellana y Nery Oswaldo Medina. Ambas funcionarias habrían ayudado a amañar la elecciones de las cortes. También figura José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). A Curruchiche se le acusa de desbaratar casos de corrupción contra funcionarios de alto perfil.
En El Salvador se lista a 6 personas, destaca el vocero presidencial José Ernesto Sanabria, acusado de usar indebidamente su posición. Christian Reynaldo Guevara Guadrón, diputado y jefe de bancada del partido oficial salvadoreño, fue incluido por la ley contra la diseminación de mensajes de pandillas en los medios. Esta ley ha sido señalada como un intento a la censura de medios.
Entra los 15 hondureños destaca el ex funcionario de banco Elmer Jeovanny Ordoñez por malversas fondos. Así también, el diputado Edgardo Antonio Casaña por estar comprometido en significante corrupción.
El país con mayor cantidad de sancionados es Nicaragua con un total de 23 personas. En la lista se encuentran varios jueces y fiscales que han investigado y condenado de forma expedita a opositores políticos al régimen de Daniel Ortega. El gobierno estadounidense afirma que se levantaron falsos cargos para encarcelar a opositores previo a las elecciones.